FUENTE: LOS TIEMPOS
Consultado sobre el tema como requisito para la ejecución de obras que los afecten, Paz respondió: “la consulta esa corresponde y le pido por favor que quede claro, de acuerdo a la Constitución y a las leyes bolivianas, sólo al área de hidrocarburos, en el área de electricidad solo hacemos un proceso de socialización”.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado señala que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
Distintas entidades señalaron que ese artículo establece claramente que los indígenas deben ser consultados porque esa obra es una “medida administrativa” que afecta a la población.
El Gobierno anunció recientemente que se construirán las represas de El Bala, en el río Beni, entre los departamentos del Beni y La Paz, y Chepete, en ese mismo curso de agua, pero en una zona más elevada, en La Paz. Paz informó que ENDE realizó el sábado una reunión informativa en Rurrenabaque.
“Siempre hay gente interesada que está dando información incorrecta sobre lo que está sucediendo en El Bala”, dijo. Aclaró ayer que recién en 15 meses se contará con un informe final sobre cómo ambas represas impactarán en esa región, aunque adelantó que las inundaciones afectarán al 0,7 por ciento del Parque Nacional Madidi y al 1,2 por ciento de la Reserva Biósfera y Territorio Indígena Pilón Laja, ambos al norte de La Paz. La viceministra de Medioambiente, Cinthya Silva, descalificó hace unos días a quien emita opinión sobre los posibles impactos de las hidroeléctricas.
“No podemos hablar en este momento de que vamos afectar a la población si es que no se ha terminado el estudio a diseño final, a eso se refería la Viceministra de Medioambiente, el estudio a diseño final está en curso y en 15 meses nos lo entregan y ahí se va a determinar con precisión realmente si es que van a haber afectaciones o no, cuáles van a ser esas, cuál será el plan de mitigación, cuál es el plan que hay que hacer con la población”, señaló Paz.
Consultado sobre el tema como requisito para la ejecución de obras que los afecten, Paz respondió: “la consulta esa corresponde y le pido por favor que quede claro, de acuerdo a la Constitución y a las leyes bolivianas, sólo al área de hidrocarburos, en el área de electricidad solo hacemos un proceso de socialización”.
El artículo 15 de la Constitución Política del Estado señala que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
Distintas entidades señalaron que ese artículo establece claramente que los indígenas deben ser consultados porque esa obra es una “medida administrativa” que afecta a la población.
El Gobierno anunció recientemente que se construirán las represas de El Bala, en el río Beni, entre los departamentos del Beni y La Paz, y Chepete, en ese mismo curso de agua, pero en una zona más elevada, en La Paz. Paz informó que ENDE realizó el sábado una reunión informativa en Rurrenabaque.
“Siempre hay gente interesada que está dando información incorrecta sobre lo que está sucediendo en El Bala”, dijo. Aclaró ayer que recién en 15 meses se contará con un informe final sobre cómo ambas represas impactarán en esa región, aunque adelantó que las inundaciones afectarán al 0,7 por ciento del Parque Nacional Madidi y al 1,2 por ciento de la Reserva Biósfera y Territorio Indígena Pilón Laja, ambos al norte de La Paz. La viceministra de Medioambiente, Cinthya Silva, descalificó hace unos días a quien emita opinión sobre los posibles impactos de las hidroeléctricas.
“No podemos hablar en este momento de que vamos afectar a la población si es que no se ha terminado el estudio a diseño final, a eso se refería la Viceministra de Medioambiente, el estudio a diseño final está en curso y en 15 meses nos lo entregan y ahí se va a determinar con precisión realmente si es que van a haber afectaciones o no, cuáles van a ser esas, cuál será el plan de mitigación, cuál es el plan que hay que hacer con la población”, señaló Paz.