FUENTE. LOS TIEMPOS
Especialistas cuestionaron el hermetismo, considerando que el derecho a la información está garantizado por la Carta Magna y que los estudios contratados por ENDE son pagados con recursos públicos, por tanto la ciudadanía tiene derecho a conocerlos.
En respuesta a un cuestionario enviado por este medio para conocer las modalidades del financiamiento del proyecto y los detalles técnicos, el encargado de Comunicación, Johnny Banda, respondió a través de un contacto telefónico que ENDE resolvió no emitir información respecto al proyecto El Bala hasta contar con el estudio señalado. En julio de 2015, ENDE firmó un primer contrato con la empresa italiana Geodata para realizar el estudio de identificación del proyecto hidroeléctrico El Bala por 24,64 millones de bolivianos, del que hasta la fecha no brindó mayores detalles. El estudio de diseño técnico y preinversión del proyecto, también adjudicado a Geodata, debe ser entregado en un plazo de 15 meses.
De ser aprobado, la ejecución de la hidroeléctrica demandará una inversión de más de 6.000 millones de dólares con un plazo de cinco a seis años. Para el analista económico, Alberto Bonadona, el Gobierno “oculta” información sobre El Bala porque es demasiado sensible por su impacto en la biodiversidad de la región donde será emplazado y en las poblaciones aledañas al área de inundación de la represa.
Recordó que la información es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), en la que se establece claramente que la población tiene el derecho a estar informado de todas las actividades del Estado. Bonadona señaló que un proyecto de gran impacto ambiental y social como El Bala no podrá acceder a financiamiento de organismos internacionales tradicionales y que el Gobierno se verá en la necesidad de acudir a un préstamo chino.
Por su parte, la vicepresidenta del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, añadió que el Gobierno utiliza al proyecto El Bala como un elemento distractivo para desviar la atención de la población y avanzar en otros proyectos que involucran impactos ambientales como Cachuela Esperanza.
Añadió que las empresas estatales concentran recursos de la población para los estudios que encargan y, por tanto, la información debe ser pública. Para el especialista en temas energéticos, Francesco Zaratti, la negativa de ENDE a dar información sobre el proyecto “del cual sólo se conocen cifras aisladas y contradictorias”, se debe al deseo de ocultar ante la opinión pública “algunas consecuencias desagradables del mencionado proyecto”. ENDE licitó previamente otros cuatro estudios relacionados a El Bala, pero no se conoce el resultado de ninguno. Según la información oficial difundida por ENDE, el proyecto hidroeléctrico El Bala prevé inyectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN), 3.676 megavatios (MW) de potencia y se convertirá en el proyecto de generación más importante del país.
Especialistas cuestionaron el hermetismo, considerando que el derecho a la información está garantizado por la Carta Magna y que los estudios contratados por ENDE son pagados con recursos públicos, por tanto la ciudadanía tiene derecho a conocerlos.
En respuesta a un cuestionario enviado por este medio para conocer las modalidades del financiamiento del proyecto y los detalles técnicos, el encargado de Comunicación, Johnny Banda, respondió a través de un contacto telefónico que ENDE resolvió no emitir información respecto al proyecto El Bala hasta contar con el estudio señalado. En julio de 2015, ENDE firmó un primer contrato con la empresa italiana Geodata para realizar el estudio de identificación del proyecto hidroeléctrico El Bala por 24,64 millones de bolivianos, del que hasta la fecha no brindó mayores detalles. El estudio de diseño técnico y preinversión del proyecto, también adjudicado a Geodata, debe ser entregado en un plazo de 15 meses.
De ser aprobado, la ejecución de la hidroeléctrica demandará una inversión de más de 6.000 millones de dólares con un plazo de cinco a seis años. Para el analista económico, Alberto Bonadona, el Gobierno “oculta” información sobre El Bala porque es demasiado sensible por su impacto en la biodiversidad de la región donde será emplazado y en las poblaciones aledañas al área de inundación de la represa.
Recordó que la información es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), en la que se establece claramente que la población tiene el derecho a estar informado de todas las actividades del Estado. Bonadona señaló que un proyecto de gran impacto ambiental y social como El Bala no podrá acceder a financiamiento de organismos internacionales tradicionales y que el Gobierno se verá en la necesidad de acudir a un préstamo chino.
Por su parte, la vicepresidenta del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia Molina, añadió que el Gobierno utiliza al proyecto El Bala como un elemento distractivo para desviar la atención de la población y avanzar en otros proyectos que involucran impactos ambientales como Cachuela Esperanza.
Añadió que las empresas estatales concentran recursos de la población para los estudios que encargan y, por tanto, la información debe ser pública. Para el especialista en temas energéticos, Francesco Zaratti, la negativa de ENDE a dar información sobre el proyecto “del cual sólo se conocen cifras aisladas y contradictorias”, se debe al deseo de ocultar ante la opinión pública “algunas consecuencias desagradables del mencionado proyecto”. ENDE licitó previamente otros cuatro estudios relacionados a El Bala, pero no se conoce el resultado de ninguno. Según la información oficial difundida por ENDE, el proyecto hidroeléctrico El Bala prevé inyectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN), 3.676 megavatios (MW) de potencia y se convertirá en el proyecto de generación más importante del país.