FUENTE: LA PRENSA
En tanto, se prevé que el proceso sea trasladado a Oruro, debido a que los juzgados anticorrupción de La Paz no quieren hacerse cargo del caso. Los investigadores pidieron su cambio. El nuevo Contralor señaló que, dependiendo de los resultados de esa intervención, se determinará si es o no pertinente realizar una auditoría. “Cuando se ingresó, se planteó hacer la auditoría, pero en el proceso de selección de documentos se observó que no había documentación (…), por ello se optó por la figura de supervisión”, dijo Ara en una entrevista en RTP, citada por ANF.
Después de un año y cinco meses que se denunciara la malversación millonaria en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Campesino (Fondioc), se prevé que el proceso sea trasladado a la ciudad de Oruro, debido a que los juzgados anticorrupción de La Paz no quieren hacerse cargo. La información se conoció en la oficina del fiscal que atiende el caso, Anghelo Saravia, el único que quedó de la comisión de fiscales que estaba integrada también por Elsi Villafranqui Endara y Gregorio Blanco Torrez De acuerdo con los datos proporcionados, en La Paz hay cuatro juzgados anticorrupción: dos en la ciudad y dos en El Alto.
En la ciudad de La Paz, la jueza I Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, se excusó de conocer el caso, razón por la que debería pasar a la instancia siguiente: el Juzgado 2º Anticorrupción, que se encuentra acéfalo. Por lo tanto, el caso fue derivado a los juzgados de El Alto, donde el juez I Anticorrupción, Ricardo Pinto, también se excusó. “Ahora este proceso pasa a la instancia siguiente que es el Juzgado 2º Anticorrupción de El Alto, pero parece que será remitido a la ciudad de Oruro porque no hay quien se encargue de los más de 40 cuerpos que tiene”, informaron en oficinas de Saravia. Por otra parte, se supo que los investigadores presentaron su pedido de cambio.
“Han pedido su cambio y el caso quedó paralizado, pero ya será asignado otro equipo”, dijo la fuente citada. El caso estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría hallara 153 obras fantasma que dejaron daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. Después, el Gobierno intervino por seis meses el exFondioc y detectó 30 obras fantasma, valuadas en 14 millones de bolivianos. Hasta febrero pasado se encarceló a 29 involucrados, pero no se conoce el monto exacto de la malversación en la que están involucrados dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, legisladores y exautoridades. Extraoficialmente, se conoció que entre 2010 y 2012 se presupuestó 465,4 millones de bolivianos para ejecutar obras, de los que se erogó 327, 8 millones de bolivianos. “Quieren tapar la investigación” El diputado opositor Rafael Quispe, principal impulsor de la investigación del caso, denunció que el escándalo por el presunto tráfico de influencias que involucró al presidente Evo Morales por su relación sentimental con la exgerenta de Camce, Gabriela Zapata, paralizó el proceso.
Según Quispe, se conoce que la Contraloría está liberando de culpa o a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien presidía del directorio. “Ya no hay una comisión de fiscales, no hay juez, desde que explotó el caso Zapata han quedado tapadas las investigaciones. Esto demuestra que este caso se está llevando en estrados judiciales de manera política. Nadie quiere hacerse cargo del caso parece que las papas calientes queman”, señaló. Los involucrados son parte de ocho organizaciones afines al MAS: la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
En tanto, se prevé que el proceso sea trasladado a Oruro, debido a que los juzgados anticorrupción de La Paz no quieren hacerse cargo del caso. Los investigadores pidieron su cambio. El nuevo Contralor señaló que, dependiendo de los resultados de esa intervención, se determinará si es o no pertinente realizar una auditoría. “Cuando se ingresó, se planteó hacer la auditoría, pero en el proceso de selección de documentos se observó que no había documentación (…), por ello se optó por la figura de supervisión”, dijo Ara en una entrevista en RTP, citada por ANF.
Después de un año y cinco meses que se denunciara la malversación millonaria en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Campesino (Fondioc), se prevé que el proceso sea trasladado a la ciudad de Oruro, debido a que los juzgados anticorrupción de La Paz no quieren hacerse cargo. La información se conoció en la oficina del fiscal que atiende el caso, Anghelo Saravia, el único que quedó de la comisión de fiscales que estaba integrada también por Elsi Villafranqui Endara y Gregorio Blanco Torrez De acuerdo con los datos proporcionados, en La Paz hay cuatro juzgados anticorrupción: dos en la ciudad y dos en El Alto.
En la ciudad de La Paz, la jueza I Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, se excusó de conocer el caso, razón por la que debería pasar a la instancia siguiente: el Juzgado 2º Anticorrupción, que se encuentra acéfalo. Por lo tanto, el caso fue derivado a los juzgados de El Alto, donde el juez I Anticorrupción, Ricardo Pinto, también se excusó. “Ahora este proceso pasa a la instancia siguiente que es el Juzgado 2º Anticorrupción de El Alto, pero parece que será remitido a la ciudad de Oruro porque no hay quien se encargue de los más de 40 cuerpos que tiene”, informaron en oficinas de Saravia. Por otra parte, se supo que los investigadores presentaron su pedido de cambio.
“Han pedido su cambio y el caso quedó paralizado, pero ya será asignado otro equipo”, dijo la fuente citada. El caso estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría hallara 153 obras fantasma que dejaron daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. Después, el Gobierno intervino por seis meses el exFondioc y detectó 30 obras fantasma, valuadas en 14 millones de bolivianos. Hasta febrero pasado se encarceló a 29 involucrados, pero no se conoce el monto exacto de la malversación en la que están involucrados dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, legisladores y exautoridades. Extraoficialmente, se conoció que entre 2010 y 2012 se presupuestó 465,4 millones de bolivianos para ejecutar obras, de los que se erogó 327, 8 millones de bolivianos. “Quieren tapar la investigación” El diputado opositor Rafael Quispe, principal impulsor de la investigación del caso, denunció que el escándalo por el presunto tráfico de influencias que involucró al presidente Evo Morales por su relación sentimental con la exgerenta de Camce, Gabriela Zapata, paralizó el proceso.
Según Quispe, se conoce que la Contraloría está liberando de culpa o a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien presidía del directorio. “Ya no hay una comisión de fiscales, no hay juez, desde que explotó el caso Zapata han quedado tapadas las investigaciones. Esto demuestra que este caso se está llevando en estrados judiciales de manera política. Nadie quiere hacerse cargo del caso parece que las papas calientes queman”, señaló. Los involucrados son parte de ocho organizaciones afines al MAS: la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.