Fuente: JORNADA
Actualmente, la Renta Solidaria se paga a 22.112 personas con discapacidad grave y muy grave. La demanda es que se pague a 61.447 personas registradas con todo tipo de discapacidad, lo que costaría al Estado incrementar la asignación de recursos de Bs 22 millones a Bs 368 millones. Esta suma es mayor a la que la administración central designa a los departamentos de Pando, Beni, Oruro y muy cercana a la que recibe el departamento de Cochabamba para todo un año por concepto de Regalías, IDH y Coparticipación Tributaria, añadió.
"Este monto se incrementaría aún más, si se procede a la solicitud de realizar un re–registro de las personas con discapacidad, ya que éste número podría bordear las 100 mil personas, aspecto que implicaría un gasto para el Estado de Bs 600 millones, monto mayor al que recibe hoy el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que atiende a 2 millones de personas con esos recursos, y más que los municipios de Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad, Cobija, Sucre y muy cerca a lo que reciben los municipios de Cochabamba y La Paz", remarcó Arce.
El ministro añadió que "la estabilidad económica de la goza Bolivia, pese a la caída de precios internacionales que afecta a los países vecinos, es básicamente debido al manejo económico responsable que el Gobierno Nacional viene haciendo desde la gestión 2006". Enfatizó que atender este desmedido bono es atentar contra los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), contra los recursos de los bolivianos. "No estamos en posibilidad de hacerlo", por lo tanto no habrá el bono de Bs 500 que están pidiendo. Aclaró que ésta es una decisión del Gobierno Nacional para garantizar las finanzas públicas y la estabilidad económica de la que gozan los 10 millones de habitantes que hay en el país.
El ministro recordó que el Gobierno ha beneficiado a las personas con discapacidad de muchas formas y de manera integral. Además del Bono Solidario que se otorga desde 2012, se han implementado programas y proyectos que benefician al sector en los ámbitos de salud, educación y reinserción laboral. Deploró que éstos no hayan sido los temas que le interesen a este grupo de personas con discapacidad que vienen marchando ya que considera que estos proyectos pueden ayudar al sector de manera sostenible para reinsertarse en el mercado laboral, tener ingresos estables y no depender únicamente de una renta. Finalmente, lamentó que la demanda haya provocado el sacrificio de las personas con discapacidad que marcharon a La Paz, desde el 21 de marzo, pero aclaró que varios ministros intentaron dialogar más de una vez con el sector, pero la intransigencia de centrar sus demandas en bono evitó que se solucione el conflicto.
Actualmente, la Renta Solidaria se paga a 22.112 personas con discapacidad grave y muy grave. La demanda es que se pague a 61.447 personas registradas con todo tipo de discapacidad, lo que costaría al Estado incrementar la asignación de recursos de Bs 22 millones a Bs 368 millones. Esta suma es mayor a la que la administración central designa a los departamentos de Pando, Beni, Oruro y muy cercana a la que recibe el departamento de Cochabamba para todo un año por concepto de Regalías, IDH y Coparticipación Tributaria, añadió.
"Este monto se incrementaría aún más, si se procede a la solicitud de realizar un re–registro de las personas con discapacidad, ya que éste número podría bordear las 100 mil personas, aspecto que implicaría un gasto para el Estado de Bs 600 millones, monto mayor al que recibe hoy el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que atiende a 2 millones de personas con esos recursos, y más que los municipios de Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad, Cobija, Sucre y muy cerca a lo que reciben los municipios de Cochabamba y La Paz", remarcó Arce.
El ministro añadió que "la estabilidad económica de la goza Bolivia, pese a la caída de precios internacionales que afecta a los países vecinos, es básicamente debido al manejo económico responsable que el Gobierno Nacional viene haciendo desde la gestión 2006". Enfatizó que atender este desmedido bono es atentar contra los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), contra los recursos de los bolivianos. "No estamos en posibilidad de hacerlo", por lo tanto no habrá el bono de Bs 500 que están pidiendo. Aclaró que ésta es una decisión del Gobierno Nacional para garantizar las finanzas públicas y la estabilidad económica de la que gozan los 10 millones de habitantes que hay en el país.
El ministro recordó que el Gobierno ha beneficiado a las personas con discapacidad de muchas formas y de manera integral. Además del Bono Solidario que se otorga desde 2012, se han implementado programas y proyectos que benefician al sector en los ámbitos de salud, educación y reinserción laboral. Deploró que éstos no hayan sido los temas que le interesen a este grupo de personas con discapacidad que vienen marchando ya que considera que estos proyectos pueden ayudar al sector de manera sostenible para reinsertarse en el mercado laboral, tener ingresos estables y no depender únicamente de una renta. Finalmente, lamentó que la demanda haya provocado el sacrificio de las personas con discapacidad que marcharon a La Paz, desde el 21 de marzo, pero aclaró que varios ministros intentaron dialogar más de una vez con el sector, pero la intransigencia de centrar sus demandas en bono evitó que se solucione el conflicto.