La existencia de 95 empresas bolivianas en las listas del bufete panameño Mossack Fonseca, del que se sospecha que pudo ayudar a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos creando empresas en paraísos fiscales, deja al descubierto que la normativa boliviana tiene deficiencias en ese aspecto, según coincidieron los economistas Alberto Bonadona y Pablo Cuba.


Fuente: LA PRENSA

La existencia de 95 empresas bolivianas en las listas del bufete panameño Mossack Fonseca, del que se sospecha que pudo ayudar a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos creando empresas en paraísos fiscales, deja al descubierto que la normativa boliviana tiene deficiencias en ese aspecto, según coincidieron los economistas Alberto Bonadona y Pablo Cuba.

Una exautoridad de lo que fue la Superintendencia de Bancos, que pidió guardar en reserva su nombre, señaló que si bien se modificaron varios aspectos normativos en la Ley de Servicios Financieros, no se prevén casos como el uso de paraísos fiscales en otros países. El analista económico Alberto Bonadona señaló que existe un vacío legal en la norma porque si bien está prohibido el uso de empresas creadas en paraísos fiscales, no hay herramientas suficientes para detectar a quienes violen la prohibición.

“La dificultad está en la normativa, en la falta de supervisión, en la (falta de) exigencia de transparencia en las declaraciones de bienes y el pago de impuestos. Lo que se debería hacer es crear una normativa que obligue a transparentar (los recursos que maneja) la gente que ocupa puestos públicos, tendrían que tener una declaración y supervisión de sus bienes, para eso se supone que no debe haber solamente una declaración, sino que la misma sea mostrada públicamente si fuera necesario”, dijo. Bonadona puso como ejemplo el estricto control que rige en países escandinavos, donde la información sobre bienes y patrimonio está disponible incluso en Internet.

Por su parte, el economista Pablo Cuba señaló que el control que ejerce la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es bueno, pero considera que quedaron algunos vacíos en la transición entre lo que fue la Superintendencia de Bancos y la ASFI.

“Creo que la normativa ha mejorado mucho en Bolivia, pero el hecho de que ahora aparezcan 95 empresas del país en el caso de los papeles de Panamá, con inversionistas vinculados, nos demuestra que hay que trabajar mucho más en el tema y lo mismo pasó con Comteco y la compra de las acciones de Elfec a través del bufete de abogados (Mossack Fonseca), eso demuestra que la normativa todavía no se está cumpliendo al cien por cien”, aseguró.

La exautoridad de la Superintendencia de Bancos recordó que tampoco la antigua Ley de Bancos tenía mecanismos para evitar el uso de paraísos fiscales. Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.

LA ASFI ADVIERTE CON SANCIONES A INFRACTORES

En declaraciones realizadas en La Paz, la directora de la ASFI, Ivette Espinoza, dijo que sobre las entidades financieras del país pesa la prohibición de usar empresas creadas en paraísos fiscales y que las entidades que sean sorprendidas serán sancionadas; sin embargo, no detalló qué mecanismos específicos que utilizan para el control.

Tener una cuenta bancaria o una sociedad registrada en un paraíso fiscal es completamente legal, lo ilegal es no informar a las autoridades del país de origen y no declarar las ganancias resultantes para evadir el pago de impuestos. Según el Artículo 495 de la Ley de Servicios Financieros, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es la encargada de la lucha y prevención contra el lavado de dinero.

La quiebra del Banco Boliviano Americano, en la década de los 90, hizo que la normativa fuera más estricta y se prohibió el uso de paraísos fiscales. Ese banco tenía una empresa creada en las Islas Caimán y la usaba para evitar pagar el encaje legal al Banco Central de Bolivia (BCB), que es el depósito obligatorio de un porcentaje del dinero recibido del público que se deja como garantía.