La investigación denominada Panamá Papers, que reveló datos de más de 40 años de actividad del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, dedicado a crear empresas en paraísos fiscales (offshore), reveló que esa firma tiene 18 clientes bolivianos en una lista que incluye también 95 compañías, ocho beneficiarios (verdaderos dueños de una sociedad) y 35 accionistas (generalmente palos blancos).
LOS TIEMPOS
 
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que difundió el caso, anunció que los nombres de los involucrados en más de 200 países se darán a conocer en mayo próximo.
 
El ICIJ obtuvo más de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca, que se sospecha habría ayudado a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos.
 
El escándalo compromete a 214.000 empresas, dos tercios de las que gestiona Fonseca, y los documentos vinculan desde líderes políticos mundiales hasta exfutbolistas y otras personalidades que mantuvieron en el anonimato movimientos financieros en paraísos fiscales conocidos como “offshore”.
 
Se denomina paraíso fiscal a un país con un régimen tributario de impuestos bajos o nulos, que atrae residentes y capital extranjero. Son lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, sino la única, industria del país.
 
Por ejemplo, en Islas Caimán, hay dos sociedades registradas por cada habitante, su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países obtienen utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
 
Por tanto, una sociedad “off- shore” es cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. No llevan a cabo ninguna actividad, sino que aprovechan las ventajas fiscales y de secretismo de la jurisdicción.
 
Si bien estas sociedades se utilizan para acumular patrimonio, también se usan para comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o empresariales.
 
Además, se pueden utilizar para abrir cuentas bancarias en otros países a nombres de sociedades, para ocultar la identidad de los beneficiarios últimos y eludir el pago de impuestos.
 
Cualquier persona o entidad puede poseer una sociedad en un paraíso fiscal. Sin embargo, es necesario contar con un buen intermediario, generalmente un experto fiscal que es una pieza clave en la maquinaria de los paraísos fiscales y es un papel en el que destacan principalmente los despachos de abogados.
 
Sin embargo, en la investigación del ICIJ quedó demostrado que grandes bancos internacionales también participaron como intermediarios con la adquisición de firmas “offshore” que ofrecen a sus clientes hacer inversiones o abrir cuentas bancarias.
 
Para crear una compañía en un paraíso fiscal, en el caso de Mossack Fonseca, una vez establecido el contacto con los representantes del beneficiario, ese despacho panameño provee los administradores para la compañía. Según el sitio www.24horas.cl, en Panamá son suficientes tres administradores y un accionista (o dueño). Ninguno de ellos tiene por qué ser el beneficiario final de la sociedad.
 
Estas personas pueden ejercer como “testaferros”, que se utilizan para que no aparezca el nombre del verdadero dueño de la sociedad.
 
Tener una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo. Pero lo es si se prueba que esa sociedad fue creada para blanquear activos o evadir impuestos, entre otras actividades. También pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.
 
Aunque no se trate de un delito, la importancia de la investigación del ICIJ radica en que es la primera vez que se puede conocer en detalle el funcionamiento del mundo de los paraísos fiscales.
 
El caso Panamá Papers permite que salga a la luz cómo ricos contribuyentes, bancos y firmas de abogados realizaron operaciones poco éticas y al borde de la legalidad con la ayuda de despachos como Mossack Fonseca.
 
Pese a que no existe una lista global oficial, se considera que al menos 30 países son paraísos fiscales, entre ellos Panamá.
 
 
 
EL BUFETE MOSSACK FONSECA CUENTA CON 14.000 CLIENTES
 
Mossack Fonseca tiene 14.000 clientes y el diario The Guardian la describe como la cuarta firma proveedora de servicios “offshore” a nivel mundial, según la BBC Mundo. La compañía asegura que operó de forma intachable durante 40 años y que jamás fue acusada de actividades criminales.
 
El Grupo Mossack Fonseca fue fundado en Panamá en 1977 por Ramón Fonseca y Jurgen Mossack. En su sitio web se describe como “líder global en servicios integrales de carácter legal y fiduciario”. La firma tiene más de 40 oficinas en todo el mundo y se especializa en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales.
 
Lo que ahora está en el centro del escándalo son sus servicios offshore, pues los documentos filtrados muestran que el Grupo supuestamente ayudó a clientes a esconder sus riquezas en cuentas extraterritoriales, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos.
 
La principal defensa de la firma es que no se la puede considerar responsable de las acciones de las sociedades que ellos formaron.
 
“Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados, fiduciarias, a los que nosotros vendemos la sociedad, y ellos la revenden”, le dijo uno de sus socios fundadores, Ramón Fonseca Mora, a la televisión panameña. “Nos están ligando con clientes finales. Los clientes finales no son nuestros clientes, son clientes de los intermediarios”, se defendió.
 
Entre los territorios y Estados que se ofrecen como paraísos fiscales están Anguila, Belice, Islas Seychelles, Bahamas, Islas Caimán y Panamá.



 
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