Fuente: JORNADA
Así lo revela el "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano: El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización", difundido ayer en La Paz por del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según el informe, el 46 % de los 10.059.000 bolivianos vive en las regiones metropolitanas conformadas por las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, la central Cochabamba y la oriental Santa Cruz. Este sector representa una gran cantidad de población joven y en edad de trabajar, que será el grupo demográfico mayoritario hasta 2040, lo que ofrece oportunidades de desarrollo pero requiere que el Estado satisfaga nuevas demandas de vivienda, servicios básicos, mercados laborales y seguridad ciudadana, sostiene el PNUD. En 2012, el 51,5 % de los bolivianos ya se encuadraba en el estrato medio de renta, un porcentaje que se elevaba hasta el 65 % para el caso de las regiones urbanas en 2013.
El estudio atribuye el auge de las clases medias al incremento de los ingresos laborales, el 94 % de la renta personal en Bolivia. Sin embargo, el PNUD señala la necesidad de diversificar la economía e incentivar el trabajo formal en sectores de alto valor añadido. El 58 % de la población ocupada urbana se emplea en el sector informal, un porcentaje que asciende al 70 % cuando se incluyen las áreas rurales, según el organismo. Sólo el 57 % de los trabajadores de las regiones urbanas tiene una jornada laboral de 48 horas o menos y sólo el 28 % cuenta con seguro de salud.
Para mejorar las condiciones laborales, el estudio sugiere aumentar la escolarización secundaria, ya que sólo el 72 % de los adolescentes accede a ella y de ellos sólo el 58 % la finaliza. Aunque el número de viviendas en Bolivia se duplicó en las dos últimas décadas, el hacinamiento, es decir cuando duermen más de dos personas en cada habitación, alcanza el 50 % en los hogares de bajos ingresos. El acceso a servicios básicos aún es deficiente en las regiones metropolitanas, ya que sólo siete de cada diez viviendas tienen acceso a alcantarillado y sólo la mitad disponen de un baño privado.
El 90 % de los hogares bolivianos cuentan con acceso a electricidad y el 60 % tienen un servicio de gestión de los residuos sólidos (83 % en áreas metropolitanas). Las metrópolis del país andino se enfrentan al reto de mejorar sus servicios y darles una distribución territorial equitativa, en particular para hacer accesibles servicios de salud a las áreas de expansión urbana y no sólo a los centros más consolidados. También la inseguridad emerge como un fenómeno esencialmente metropolitano, ya que la mayor parte de crímenes denunciados se producen en estos espacios, donde además sólo se denuncia el 30 % de agresiones. El deterioro del espacio urbano, y en particular la iluminación deficiente, fomentan la incidencia del crimen, mientras que las dificultades económicas, las deficiencias educativas y la exclusión social inciden en la comisión de delitos.
Frente a las medidas de precaución individuales, el informe del PNUD destaca el potencial de construir comunidades urbanas para prevenir los delitos. El estudio destaca además la necesidad de crear sistemas de gobierno integrados entre varios municipios y en cooperación con niveles superiores para gestionar las regiones metropolitanas. El PNUD también reclama el diseño de políticas específicas para las mujeres y los jóvenes, los colectivos más vulnerables a la precariedad económica y al crimen.
Así lo revela el "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano: El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización", difundido ayer en La Paz por del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según el informe, el 46 % de los 10.059.000 bolivianos vive en las regiones metropolitanas conformadas por las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, la central Cochabamba y la oriental Santa Cruz. Este sector representa una gran cantidad de población joven y en edad de trabajar, que será el grupo demográfico mayoritario hasta 2040, lo que ofrece oportunidades de desarrollo pero requiere que el Estado satisfaga nuevas demandas de vivienda, servicios básicos, mercados laborales y seguridad ciudadana, sostiene el PNUD. En 2012, el 51,5 % de los bolivianos ya se encuadraba en el estrato medio de renta, un porcentaje que se elevaba hasta el 65 % para el caso de las regiones urbanas en 2013.
El estudio atribuye el auge de las clases medias al incremento de los ingresos laborales, el 94 % de la renta personal en Bolivia. Sin embargo, el PNUD señala la necesidad de diversificar la economía e incentivar el trabajo formal en sectores de alto valor añadido. El 58 % de la población ocupada urbana se emplea en el sector informal, un porcentaje que asciende al 70 % cuando se incluyen las áreas rurales, según el organismo. Sólo el 57 % de los trabajadores de las regiones urbanas tiene una jornada laboral de 48 horas o menos y sólo el 28 % cuenta con seguro de salud.
Para mejorar las condiciones laborales, el estudio sugiere aumentar la escolarización secundaria, ya que sólo el 72 % de los adolescentes accede a ella y de ellos sólo el 58 % la finaliza. Aunque el número de viviendas en Bolivia se duplicó en las dos últimas décadas, el hacinamiento, es decir cuando duermen más de dos personas en cada habitación, alcanza el 50 % en los hogares de bajos ingresos. El acceso a servicios básicos aún es deficiente en las regiones metropolitanas, ya que sólo siete de cada diez viviendas tienen acceso a alcantarillado y sólo la mitad disponen de un baño privado.
El 90 % de los hogares bolivianos cuentan con acceso a electricidad y el 60 % tienen un servicio de gestión de los residuos sólidos (83 % en áreas metropolitanas). Las metrópolis del país andino se enfrentan al reto de mejorar sus servicios y darles una distribución territorial equitativa, en particular para hacer accesibles servicios de salud a las áreas de expansión urbana y no sólo a los centros más consolidados. También la inseguridad emerge como un fenómeno esencialmente metropolitano, ya que la mayor parte de crímenes denunciados se producen en estos espacios, donde además sólo se denuncia el 30 % de agresiones. El deterioro del espacio urbano, y en particular la iluminación deficiente, fomentan la incidencia del crimen, mientras que las dificultades económicas, las deficiencias educativas y la exclusión social inciden en la comisión de delitos.
Frente a las medidas de precaución individuales, el informe del PNUD destaca el potencial de construir comunidades urbanas para prevenir los delitos. El estudio destaca además la necesidad de crear sistemas de gobierno integrados entre varios municipios y en cooperación con niveles superiores para gestionar las regiones metropolitanas. El PNUD también reclama el diseño de políticas específicas para las mujeres y los jóvenes, los colectivos más vulnerables a la precariedad económica y al crimen.