YPFB reveló ayer que “lamentablemente” los volúmenes de hidrocarburos obtenidos en el pozo Lliquimuni, en el norte paceño, sobre el cual se había generado gran expectativa, son “cantidades no comerciales”; sin embargo, insistirá en perforar otra zona cercana.
LOS TIEMPOS

Los costos preliminares señalan una inversión aproximada de 540 millones de dólares en la construcción del acceso y en tareas de exploración.
En 2011, el Gobierno creó gran expectativa sobre Lliquimuni, al anunciar un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y 1 trillón de pies cúbicos de gas.    
Dos analistas coinciden en que el resultado era  de esperarse debido a que el anuncio de resultados siempre se postergaba.
En 2011, el Gobierno creó gran expectativa sobre Lliquimuni, al anunciar un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y 1 trillón de pies cúbicos de gas.    
Dos analistas coinciden en que el resultado era  de esperarse debido a que el anuncio de resultados siempre se postergaba. 
De acuerdo al informe de YPFB Petroandina al que accedió ANF de forma extraoficial, en Lliquimuni, comunidad Las Delicias del municipio Alto Beni de la provincia Caranavi, se empezaba ayer el desmontaje del taladro, lo que representa pérdida para el Estado boliviano.
La confirmación la dio anoche el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, a través de un comunicado en el que también señaló que continuarán los estudios y se evaluarán otros proyectos de perforación en el área porque se recolectó información técnica del subsuelo “de gran valor” porque verifica la existencia de “un sistema petrolero activo”.
La perforación se inició en diciembre de 2014. De acuerdo con datos de la empresa, la operación del equipo estuvo a cargo de la empresa china Sinopec con un costo aproximado de 50 millones de dólares. La misma firma, actualmente, realiza exploración sísmica 2D en la Amazonia, con una afectación sobre 59 comunidades indígenas, según ANF.      
Los costos preliminares del proyecto petrolero establecen una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares en una carretera hasta Lliquimuni, además de 500 millones de dólares que supuso la fase de exploración, que conllevó la instalación de un campamento.     
Se aguardaba el anuncio oficial sobre los resultados, el pasado 20 de octubre de 2015, en ocasión del aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz, pero fue postergado.
Los especialistas en hidrocarburos Bernardo Prado y Hugo del Granado coincidieron en que el resultado era previsible. “Ya se sabía desde antes que (el proyecto) no iba, pero si lo decían antes del referendo (de febrero) los resultados habrían sido peores”, dijo Prado.
Sin embargo, considera que el resultado no debe ser motivo para no continuar con una exploración agresiva aunque enfatizó en que, a pesar del contexto de bajos precios internacionales, la inversión en prospección aún es baja.
Por otra parte, dijo que la asociación de YPFB con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) no funcionó de la manera que se esperaba. “Habría que ver si (YPFB) podría informar desde cuándo se dieron cuenta de que el proyecto no iba a ser productivo”, apuntó.
Para del Granado el resultado negativo “era un secreto a voces” y sólo faltaba que se hiciera oficial ya que el plazo para conocer el resultado era de 250 días que se cumplieron en noviembre de 2014.
Señaló que este resultado es fruto del “exitismo” del Gobierno que hace grandes anuncios de grandes reservas “sin ningún asidero” y recordó que Achá declaró a fines de 2015 que la cantidad de petróleo y líquidos que se esperaba hallar haría necesario que se construyera una refinería en Lliquimuni. También recordó que en la década del 90 se perforaron cuatro pozos en esa zona que resultaron secos.
INFORME DEMORADO
Según ANF, la Secretaría de Minería de la Gobernación de La Paz solicitó en reiteradas ocasiones al gerente general de YPFB -Petroandina SAM, Fernando Salazar, el informe final del proyecto Lliquimuni. El 13 de enero de 2016, después de casi un mes, se plantea a Salazar una reunión de coordinación e información sobre el avance del proyecto.
Recién el 4 de febrero, Salazar respondió al Gobernador de La Paz en una escueta misiva que el proyecto “continúa en operaciones de prueba (etapa de evaluación), por los próximos 45 días”.
Ese plazo se cumplió el pasado 19 de marzo.




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