TNS LATAM
"Por la plata no se preocupen, ese es problema mío", decía Axel Kicillof, con su característica actitud de autosuficiencia. Corría el año 2012 y el entonces viceministro explicaba el plan con el que él suponía que se iban a superar todos los cuellos de botella en materia energética. Con un cuadro que mostraba la matriz insumo-producto, el joven economista indicaba que sería el Estado quien se encargaría de fijar los costos de la electricidad. Y, como si esto fuese poco, hasta el margen de ganancia que debía tener cada compañía. Los empresarios que lo escuchaban tenían algunos factores en común: todos atravesaban grandes dificultades financieras, apenas sí podían cubrir sus costos salariales y ya habían dejado de hacer inversiones de porte. En ese marco, le preguntaron a Kicillof de dónde iban a salir los recursos para solventar esa ganancia que "fijaría" el Gobierno. No fue poca la sorpresa cuando lo escucharon insistir que él se haría cargo de resolver ese tema. Por la firmeza de sus dichos, hasta llegaron a pensar que el kirchnerismo había finalmente tomado la decisión de comenzar con el sinceramiento tarifario, un proceso que había sido anunciado en dos oportunidades pero que en ambos casos terminó cajoneado. El tiempo se ocupó de mostrar que el concepto de "problema mío", al que hiciera referencia Kicillof, terminó siendo "problema del fisco", ya que el nivel de subsidios a la energía aumentó a un nivel tal que terminó por representar casi uno de cada cuatro puntos del total del gasto público. Al mismo tiempo, se daba la insólita situación de que las acciones de Edenor -pese a que la compañía estaba técnicamente quebrada- generaban furor en la bolsa porteña. No sólo eso, ocupaban el primer lugar en el ranking de subas del año: sólo en 2015, la cotización del papel trepó la friolera de un 125%, contrariando el hecho de que el déficit se había multiplicado por nueve durante los tres últimos años. Más aun. De no haber sido por préstamos "encubiertos" otorgados por el gobierno kirchnerista, sus balances hubiesen reflejado patrimonio neto negativo, lo que automáticamente dejaba imposibilitada a la firma -en base al marco legal- a continuar prestando servicios de distribución eléctrica. ¿Qué pasó finalmente con el esquema pergeñado por Kicillof? Terminó con la peor de las combinaciones posibles: los apagones se multiplicaron en los veranos subsiguientes, al tiempo que el nivel de subsidios fue haciéndose cada vez más abultado, pasando a equivaler casi el 3% del PBI. El tiempo pasó, cambió el Gobierno y, junto con él, la forma de encarar el descalabro energético. Ahora, los funcionarios macristas están dejando en claro (a diferencia de lo que decían sus predecesores), que "el problema" no es algo de lo que ellos estén dispuestos a hacerse cargo. La resolución publicada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, va en este sentido. Puede resultar compleja de interpretar técnicamente, pero es bien clara en el mensaje político: ya no hay margen para regalarle la electricidad a quien la pueda pagar. Resta por ver si el incremento del importe de las boletas de luz del sector residencial será escalonado -en dos o tres etapas- o si se tratará de un shock de aumento único. Pero lo que sí resulta evidente es que no habrá un esquema gradualista. Es decir, mini-subas tipo "goteo", tal como se había puesto en debate durante la campaña electoral. En parte, esto respondea a dos cuestiones fundamentales: • A la urgencia propia de una red colapsada, que requiere de rápidas dosis de inversiones.
"Por la plata no se preocupen, ese es problema mío", decía Axel Kicillof, con su característica actitud de autosuficiencia. Corría el año 2012 y el entonces viceministro explicaba el plan con el que él suponía que se iban a superar todos los cuellos de botella en materia energética. Con un cuadro que mostraba la matriz insumo-producto, el joven economista indicaba que sería el Estado quien se encargaría de fijar los costos de la electricidad. Y, como si esto fuese poco, hasta el margen de ganancia que debía tener cada compañía. Los empresarios que lo escuchaban tenían algunos factores en común: todos atravesaban grandes dificultades financieras, apenas sí podían cubrir sus costos salariales y ya habían dejado de hacer inversiones de porte. En ese marco, le preguntaron a Kicillof de dónde iban a salir los recursos para solventar esa ganancia que "fijaría" el Gobierno. No fue poca la sorpresa cuando lo escucharon insistir que él se haría cargo de resolver ese tema. Por la firmeza de sus dichos, hasta llegaron a pensar que el kirchnerismo había finalmente tomado la decisión de comenzar con el sinceramiento tarifario, un proceso que había sido anunciado en dos oportunidades pero que en ambos casos terminó cajoneado. El tiempo se ocupó de mostrar que el concepto de "problema mío", al que hiciera referencia Kicillof, terminó siendo "problema del fisco", ya que el nivel de subsidios a la energía aumentó a un nivel tal que terminó por representar casi uno de cada cuatro puntos del total del gasto público. Al mismo tiempo, se daba la insólita situación de que las acciones de Edenor -pese a que la compañía estaba técnicamente quebrada- generaban furor en la bolsa porteña. No sólo eso, ocupaban el primer lugar en el ranking de subas del año: sólo en 2015, la cotización del papel trepó la friolera de un 125%, contrariando el hecho de que el déficit se había multiplicado por nueve durante los tres últimos años. Más aun. De no haber sido por préstamos "encubiertos" otorgados por el gobierno kirchnerista, sus balances hubiesen reflejado patrimonio neto negativo, lo que automáticamente dejaba imposibilitada a la firma -en base al marco legal- a continuar prestando servicios de distribución eléctrica. ¿Qué pasó finalmente con el esquema pergeñado por Kicillof? Terminó con la peor de las combinaciones posibles: los apagones se multiplicaron en los veranos subsiguientes, al tiempo que el nivel de subsidios fue haciéndose cada vez más abultado, pasando a equivaler casi el 3% del PBI. El tiempo pasó, cambió el Gobierno y, junto con él, la forma de encarar el descalabro energético. Ahora, los funcionarios macristas están dejando en claro (a diferencia de lo que decían sus predecesores), que "el problema" no es algo de lo que ellos estén dispuestos a hacerse cargo. La resolución publicada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, va en este sentido. Puede resultar compleja de interpretar técnicamente, pero es bien clara en el mensaje político: ya no hay margen para regalarle la electricidad a quien la pueda pagar. Resta por ver si el incremento del importe de las boletas de luz del sector residencial será escalonado -en dos o tres etapas- o si se tratará de un shock de aumento único. Pero lo que sí resulta evidente es que no habrá un esquema gradualista. Es decir, mini-subas tipo "goteo", tal como se había puesto en debate durante la campaña electoral. En parte, esto respondea a dos cuestiones fundamentales: • A la urgencia propia de una red colapsada, que requiere de rápidas dosis de inversiones.
• A que el Gobierno considera que ahora el "timing" político y económico para avanzar es el indicado. Dos estrategias en pugna
Durante toda la campaña electoral se había generado la discusión entre los economistas respecto de cómo debía avanzarse en el ajuste tarifario. Quienes criticaban el gradualismo señalaban que -dado el gran nivel de atraso en varias zonas, como la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano- los remedios parciales iban a resultar ineficaces. ¿Por qué? Porque en un país cuya sociedad tiene un fino olfato para leer la situación económica y que ya cuenta con una buena gimnasia indexatoria, los aumentos aplicados "de a poquito" serían neutralizados por las subas preventivas de precios que harían las industrias, los comercios y las compañías de servicios. En otras palabras, advertían que el resultado final sería el de quedarse "enganchado" con el atraso tarifario en términos reales y, a la vez, con inflación más alta. La otra opción, la del aumento brusco, requería de un cierto marco político y social adecuado. Había ejemplos que daban cuenta de ello. Hasta la propia Cristina Kirchner (una convencida de que lo mejor siempre es redoblar la apuesta) se había asustado al ver las protestas que sufriera su colega, Dilma Rousseff, a raíz del aumento aplicado en el boleto de colectivo. El escándalo fue de tal magnitud que la mandataria optó por no avanzar en el plano de las tarifas. Ahora o nunca A poco más de un mes de la asunción del nuevo Gobierno, la actitud de los funcionarios macristas deja en claro que consideran que este es el momento propicio para avanzar en una medida tan impopular como impostergable. El equipo económico -que ya consumió más de un tercio de los "100 días de la luna de miel"- disfruta de un alto índice de aprobación a las medidas implementadas, mientras que Macri cuenta, en estos momentos, con un 70% de imagen positiva, según las encuestas. Es, en este contexto, en el que los funcionarios decidieron avanzar con el tarifazo con la misma tónica con la que decidieron levantar el cepo cambiario y con la firmeza que mostraron en varios temas políticos controversiales. Es decir, lo aplicaron bajo la convicción del "ahora o nunca". Paradójicamente, el colapso del sistema eléctrico terminó jugando a favor de la opción del "shock", ya que en los usuarios se terminó generando el convencimiento de que facturas bimestrales de $100 pudieron tener algo que ver con la crisis del sistema. El nivel del atraso tarifario para algunos segmentos de la clase media porteña llegó a niveles indisimulables. Esto queda en evidencia al comparar el importe local de una boleta con lo que se paga, por ejemplo, en el vecino país del Uruguay: por un consumo similar el desembolso mensual es tres o cuatro veces mayor. Y, algo que resulta más controvertido aun es que quienes residen en alguno de los barrios porteños abonan en la actualidad una pequeña proporción frente a lo que cuesta la energía en el interior del país. En el área metropolitana, más de 2 millones de clientes pagan $1 por día, siete veces menos que en varias provincias. La defensa que esgrimen los funcionarios al avanzar con el "tarifazo" es que se parte de pisos tan bajos que -aunque las alzas sean porcentualmente considerables- los valores absolutos pueden ser afrontados con cierta comodidad.
Para el caso anterior ($1 por día), aun suponiendo un alza del 300%, se pasaría de $60 por bimestre a $240, que es lo que puede llegar a desembolsarse por un kilo de helado o por una docena y media de empanadas.
Claves para entender los alcances de la medida El sistema de suministro eléctrico se compone de tres partes: - Generación - Transporte - Distribución El cambio anunciado por el Gobierno contempla sólo el primer eslabón.
En este sentido, el director de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), Oscar Dores, afirma que la tarifa que paga el usuario está integrada por tres componentes: - El precio mayorista
- Un valor agregado por la distribución
- Un impuesto que aplica cada jurisdicción. Este último componente varía sensiblemente. Es por ello que el importe final que se paga no es el mismo en Capital Federal, en Buenos Aires o en el interior del país. Según Dores, "no es correcto trasladar a las facturas de luz el alza del 200% o 300% que el Gobierno le asignó a una de las partes que compone el suministro eléctrico, que son las generadoras". "El incremento surgirá de la ponderación que tiene cada uno de los componentes sobre el valor final", añade. En este sentido, resta aún conocer el "valor de distribución", que es el margen que cobran las empresas (Edenor, Edesur) por su servicio de repartir la luz en domicilios, comercios y empresas. Precisamente ese plus, junto con el esquema tarifario, es lo que se irá develando en los próximos días. En general, el importe de una boleta de luz se compone de:
- Un 60% por consumo eléctrico propiamente dicho
- El otro 40%, por impuestos más ese "valor de distribución" (que aún se desconoce). Pese a que aún faltan revelarse algunas cifras oficiales, cálculos preliminares dan cuenta de que los usuarios pasarán a pagar como mínimo el doble o el triple.
Este último caso sería el de un consumo residencial medio (300 kw), por el que se abonará casi 300% más respecto a los $85 actuales.
Con respecto al alivio que la medida representa para la caja estatal, Dores afirma que "la reducción para el Estado rondaría entre los $30.000 a $35.000 millones al año". Por ahora hay un desfile de números, todos prematuros, hasta que el ministro Aranguren vaya detallando con mayor precisión la iniciativa.
La city festeja Mientras tanto, quienes sí se apresuraron a festejar-una vez más- fueron los operadores bursátiles e inversores que ya habían comprado acciones del rubro energético: - Los papeles de Transener (firma que transporta energía), subieron un 5,5%
- Los de Edenor (compañía que la distribuye), un 4,6%.
- Los de Pampa (empresa asociada con la generación), un 4,2%. "El mercado ya daba por descontado el alza en las tarifas. Aun así,las acciones del sector igual se dispararon", dijo un operador. Los próximos días dirán si los inversores tuvieron razón o si el festejo fue demasiado anticipado. Para Daniela Cuan, analista de la agencia de riesgo crediticio Moody's -que califica la deuda corporativa de Edenor- no está tan claro que las empresas distribuidoras vayan a resultar ganadoras en esta movida. "Para Edenor y Edesur debería ser neutral. Ellas compran la energía a un precio y la venden con un margen. Pero acá no se está hablando de ese margen sino del precio de compra y de venta", argumenta. Y añade: "Para que esta medida beneficie a las distribuidoras tendría que haber un aumento en los márgenes de distribución. Y esto no es precisamente lo que esta resolución establece". En cambio, lo que la analista sí ve más claro es que la mejora del precio para el sector de la generación -cuando sea trasladada al consumidor- redundará en una reducción del subsidio por parte del el Estado. ¿A cuánto ascenderá ese ahorro? El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, había adelantado su intención de que sea un equivalente a 1,5 puntos del PBI a lo largo del año. Para la consultora FIEL, este guarismo parece no ser suficiente, ya que estima que el anuncio implica un recorte de u$s3.400 millones (0,7 puntos del PBI). Más aun. Advierte que si se considera el efecto de la reciente devaluación y el posible incremento del gas que pagan las generadoras eléctricas, ese ahorro se reduce a u$s2.000 millones (0,4 puntos del PBI).
Entre el ahorro y la tarifa social El texto de la resolución, si bien no lo especifica, insinúa que las compañías distribuidoras deberían tener una mejora en su actual ecuación económica. A fin de cuentas, el diagnóstico que compartían todos los analistas del sector es que el gran problema era la inversión insuficiente y que eso no se iba a modificar hasta que las operadoras no contasen con las tarifas y los márgenes adecuados. No por casualidad, el ministro Aranguren justificó el shock tarifario en base al "abandono (por parte del anterior gobierno) de criterios económicos en la definición de precios, lo que desalentó la inversión privada". Aunque queda por conocerse la letra chica del plan, los expertos ya empezaron a deslizar críticas. Por caso, desde FIEL sus economistas dejaron entrever sus dudas sobre el éxito de los estímulos que fueron pensados para que los usuarios bajen sus niveles de consumo. Hasta se animaron a comparar el nuevo régimen con el que el kirchnerismo aplicó con poco éxito para el sector del gas. En cambio, sí elogian el programa "Tarifa Social" al verlo como un avance respecto del régimen vigente. Considerando el marco político, la clave para saber si el "tarifazo" será exitoso habrá que buscarla en cómo se implementen las bonificaciones en los sectores de bajos ingresos. Por lo pronto, hay un costado negativo, que es el del impacto en los precios. Según las estimaciones del economista Miguel Bein, a la inflación del año habrá que sumarle unos nueve puntos, consecuencia de este shock que, más temprano que tarde, irremediablemente iba a llegar.