“Nos dieron 10 días de plazo para demoler nuestras viviendas”, recordó el representante de los afectados, Victoriano Céspedes. Explicó que tras hacerles firmar varios papeles, la empresa se comprometió a devolverles los gastos en 90 días.

El asesor legal de Sinohydro en el área laboral, Mauricio Rodríguez, negó las acusaciones y aclaró que la expropiación de tierras del proyecto es competencia de la estatal ABC.