La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) cumple 40 años en un momento decisivo para la industria. Fundada el 20 de agosto de 1986, en Santa Cruz de la Sierra, por 15 empresas de servicios y suministros petroleros, la institución vivió la apertura a la inversión privada, el crecimiento de las reservas, la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, la nacionalización de 2006, la bonanza exportadora y la actual caída de la producción de gas natural. Hoy está comprometida con la reactivación del sector, pero eso demanda un marco normativo que devuelva la competitividad a Bolivia y logre atraer inversiones.
A través de estos 40 años, la Cámara reunió a empresas de los diferentes eslabones de la cadena y amplió su mirada hacia la eficiencia, las energías renovables y la transición energética. Además, junto con la representación gremial, se convirtió en una institución de apoyo técnico a través de la información especializada, capacitación, certificación y trabajo en seguridad, salud y medioambiente.

Su historia está estrechamente vinculada con la evolución de un sector que es uno de los principales soportes de la economía boliviana. Desde 2006, la renta petrolera ha generado aproximadamente 60 mil millones de dólares para el Tesoro General de la Nación (TGN), gobernaciones, municipios, universidades públicas y departamentos productores, además de generar divisas para el país.

En 2014 se logró el mayor nivel de producción de gas natural a través de proyectos desarrollados por operadoras privadas en el marco de los contratos de servicio suscritos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), alcanzando los 60,8 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d).

En la actualidad, la producción de gas natural se desploma a niveles críticos que rondan los 27 MMm3d, evidenciando la progresiva declinación de los campos y la crónica falta de nuevos descubrimientos. Esta caída constante no solo es un golpe a las exportaciones y a la disponibilidad de divisas, sino que reduce los ingresos del Estado y evidencia un riesgo mayor: el país se encuentra al borde de perder su autosuficiencia y convertirse en importador de gas natural entre 2028 y 2030.

Una nueva ley para lograr cambios

Ante este escenario, la CBHE reitera la necesidad de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos, la que sólo será efectiva si se traduce en condiciones concretas para invertir. Por ello, la institución considera que la nueva norma debe incorporar elementos básicos como contratos claros y estables, seguridad jurídica, reducción de la burocracia, permisos con plazos definidos, cumplimiento oportuno de las obligaciones estatales y reglas que eviten modificaciones unilaterales o discrecionales.

La institución sostiene que la seguridad jurídica no depende solamente de lo que establezca una norma. También requiere que el Estado respete los contratos, mantenga reglas previsibles, cumpla sus compromisos de pago y establezca mecanismos confiables para resolver controversias.

Otro punto central es el régimen económico. Con la norma actual, la participación estatal o government take puede alcanzar en Bolivia entre el 82% y el 95%, mientras en otros países de la región suele situarse entre el 50% y el 60%. Por ello, la Cámara plantea encontrar un equilibrio que garantice una renta adecuada para el país y, al mismo tiempo, permita a los inversionistas obtener un retorno razonable frente al costo y al riesgo de la exploración.

La exploración es una actividad de riesgo. Un pozo exploratorio puede demandar alrededor de 100 millones dólares y, en promedio, solo dos o tres de cada diez perforaciones resultan exitosas. Por ello, Bolivia compite por esos recursos con países que ofrecen condiciones contractuales, tributarias y regulatorias más atractivas.

Hoy la CBHE está expectante ante el proyecto de ley que el Gobierno anunció que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de ampliar la participación privada en exploración y explotación e introducir incentivos para el desarrollo de campos.

Además, considera positivo que el proyecto de Ley de Inversiones, que ya está en trámite, reconozca la necesidad de brindar mayor seguridad y protección a la inversión privada; sin embargo, reitera que la norma, por sí sola, no será suficiente para recuperar la confianza. Para ello, el Estado deberá acompañarla con señales consistentes, como el respeto a los contratos, el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, reglas previsibles y permisos otorgados dentro de plazos razonables.

En este escenario, la Cámara ratifica su disposición a colaborar con los organismos de Gobierno en diferentes ámbitos para buscar las mejores alternativas para el desarrollo del sector, el cual requiere capital, tecnología y conocimiento.

La urgente reactivación
La recuperación de la exploración y la reposición de reservas son urgentes, pues junto con aumentar la producción de gas, recuperar ingresos y divisas, permitirán garantizar el abastecimiento interno y aprovechar su infraestructura. Bolivia tiene potencial geológico, experiencia técnica y una posición estratégica para atender la demanda de gas del creciente mercado de Brasil, pero esas ventajas requieren inversiones sostenidas para convertirse en nuevas reservas y producción.
La urgencia va más allá de la industria petrolera. Alrededor del 70% de la generación eléctrica boliviana depende del gas natural, más de 5,5 millones de personas cuentan con gas domiciliario y diferentes sectores productivos necesitan un suministro estable para mantener sus operaciones.
A cuarenta años de su creación, la CBHE no celebra solo un aniversario, sino que -como interlocutora del sector ante el Estado- reitera la alerta: la reactivación ya no puede esperar. Bolivia requiere dar señales claras, inmediatas y consistentes para transformar su potencial geológico en realidad antes de que el país pierda su soberanía energética y su competitividad de manera irreversible.


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