Esta medida supone un avance inusual en la gobernanza del sector eléctrico brasileño, trasladando el análisis de la crisis del ámbito estrictamente regulatorio a una esfera más amplia de control legal, administrativo e institucional. El decreto no solo se centra en el desempeño de la concesionaria, sino que también somete a escrutinio directo las acciones de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), responsable de la supervisión y regulación del servicio público de distribución.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil está evaluando la continuidad del servicio y los riesgos contractuales. El primer frente de la ofensiva gubernamental será la PGR, que elaborará un informe técnico-legal detallado sobre la prestación de los servicios de distribución desde los primeros episodios de interrupción relevantes registrados en el área de concesión. El documento deberá analizar, entre otros puntos, el cumplimiento de los indicadores de continuidad, la Duración Equivalente de Interrupción por Unidad de Consumidor (DCE) y la Frecuencia Equivalente de Interrupción por Unidad de Consumidor (FCE), estipulados en el contrato de concesión y en la normativa de la Aneel.

Este diagnóstico será crucial para la clasificación legal de los eventos recientes. Si las interrupciones se caracterizan como resultado de fallas estructurales, inversión insuficiente o problemas de gestión, el informe podría fundamentar procesos administrativos más severos, incluyendo la aplicación de sanciones, la revisión de las obligaciones contractuales o, en un escenario extremo, la discusión sobre la rescisión de la concesión.

Por otro lado, si los eventos se clasifican como de fuerza mayor, asociados a fenómenos meteorológicos excepcionales, la responsabilidad de la concesionaria podría verse mitigada, aunque se mantienen los requisitos para mejorar los planes de contingencia y la resiliencia de la red.

La CGU investiga una posible omisión regulatoria de la Aneel. Paralelamente, la CGU (Contraloría General de la Unión) fue convocada para investigar las acciones de la Aneel en el monitoreo y la supervisión de la concesionaria de São Paulo. El objetivo de la investigación será verificar si hubo fallas, omisiones o retrasos en la respuesta regulatoria ante el deterioro de los indicadores de calidad del servicio, así como en la validación de los planes de mantenimiento y contingencia presentados por la distribuidora.

El decreto presidencial refuerza el principio de prestación adecuada y continua del servicio público, establecido en la Ley de Concesiones, y cuestiona indirectamente si la supervisión ejercida por la agencia fue proporcional a la magnitud de los eventos que afrontó el sistema eléctrico urbano, especialmente en un contexto de intensificación de eventos climáticos extremos.

En el sector, la iniciativa se percibe como una clara señal del malestar del Ejecutivo con la capacidad de los organismos reguladores para anticipar riesgos e imponer medidas correctivas antes de que las fallas operativas se conviertan en crisis a gran escala.

La crisis en São Paulo trasciende el debate técnico-tarifario. La participación de organismos como la Procuraduría General de la República (AGU) y la Contraloría General de la República (CGU) en el caso altera significativamente el contexto de la crisis. Hasta ahora, las discusiones se centraban en cuestiones como la compensación a los consumidores, la aplicación de sanciones regulatorias y el posible impacto tarifario. Ahora, el debate se traslada al ámbito de la responsabilidad administrativa y la gobernanza regulatoria.

Expertos del sector creen que el informe de la AGU podría convertirse en un precedente relevante, estableciendo parámetros más objetivos para diferenciar los eventos climáticos inevitables de las fallas asociadas a la inversión insuficiente en redes de media y baja tensión, la poda preventiva, la automatización y la digitalización del sistema de distribución.

Implicaciones para la renovación de las concesiones de distribución. La medida del gobierno llega en un momento delicado para el sector eléctrico. A partir de 2025, varias concesiones de distribución se someterán a un proceso de renovación, y el Ministerio de Minas y Energía está debatiendo nuevos criterios de calidad, resiliencia climática y solidez operativa que deberían incluirse en los contratos.

Es probable que el resultado del caso de São Paulo influya directamente en este debate. Se espera que los nuevos contratos impongan requisitos más estrictos en materia de adaptación al cambio climático, capacidad de respuesta ante eventos extremos y transparencia en la relación entre concesionarios, el regulador y la autoridad concedente.

Para los agentes del mercado, la crisis en São Paulo podría marcar un hito, redefiniendo...Se trata de encontrar un equilibrio entre la autonomía regulatoria de la Aneel (Agencia Reguladora de Energía Eléctrica) y el control institucional que ejerce el Poder Ejecutivo sobre la prestación de un servicio esencial para la economía y la seguridad energética del país.

Fuente: CE