En el marco de la investigación que dejó un presunto daño económico de hasta 857 millones de dólares, ahora se sumará la auditoría con el objetivo de identificar a los responsables, así como el monto económico.

La autoridad precisó que desde el viernes 26 de diciembre se encuentra en las oficinas de la estatal petrolera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde la Procuraduría desarrolla un análisis “exhaustivo” de la documentación y los procedimientos vinculados a la empresa, señala un boletín de prensa.

Fuente: El Diario

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