En este escenario, el bloque legislativo de Acción Democrática Nacional (ADN) quiso sacar réditos políticos y atribuyó esta responsabilidad al Gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, el abogado de las comunidades afectadas, Pablo Fajardo, calificó esta postura como fruto de la “ignorancia” y una “ofensa” a los pueblos amazónicos que han buscado justicia por 32 años.

Contrario a la narrativa política actual, los documentos que fundamentan la condena arbitral contra el país no son recientes. Según Fajardo, los árbitros internacionales basaron su decisión en contratos firmados el 4 de mayo de 1995 y el 30 de septiembre de 1998.

En estos acuerdos, suscritos durante los gobiernos de Sixto Durán-Ballén y Jamil Mahuat, el Estado ecuatoriano liberó a Texaco (hoy Chevron) de responsabilidades. Además, se comprometió a no demandar a la empresa a cambio de una remediación ambiental que, según informes de la Contraloría de 2001, nunca se cumplió debidamente.

Un crimen ambiental que persiste Entre 1964 y 1992, Texaco operó en el noroccidente del país bajo un modelo de explotación que vertió aguas de formación y residuos tóxicos directamente en la selva, sin piscinas impermeabilizadas.

El impacto ha sido devastador:

• Miles de hectáreas contaminadas y comunidades indígenas afectadas.

• Un aumento crítico de enfermedades. Se estima que cada año mueren al menos 200 personas por cáncer en la zona debido a los tóxicos persistentes.

• La justicia ecuatoriana ratificó, en 2011, una sentencia que condena a Chevron a pagar USD 9.500 millones para reparación integral, la cual sigue vigente y es ejecutable, a pesar de las maniobras de la empresa en tribunales internacionales. Poder corporativo y estrategia mediática Con un poder económico que cuadruplica el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, Chevron ha desplegado desde 2008 un plan mediático para “satanizar” al Estado y a la justicia ecuatoriana.

Según Fajardo, la empresa financió vocerías de actores políticos y periodistas para posicionar narrativas a su favor, utilizando incluso medios propios y repartiendo periódicos gratuitos en las comunidades amazónicas para desinformar a la población. Ante la obligación del Estado de pagar los USD 220 millones, la Unión de Afectados por Chevron (UDAP) presentó el 10 de diciembre de 2024 un pedido de embargo ante la Corte de Sucumbíos.

La estrategia busca que ese dinero, en lugar de entregarse a la petrolera, sea retenido como parte de la deuda de USD 9.500 millones que Chevron mantiene con las comunidades para la remediación de suelos y aguas.

Fuente: Radio Pichincha