El gobierno de Yamandú Orsi se encamina a otorgar las autorizaciones ambientales a cuatro empresas para el comienzo de las tareas de exploración sísmica en el mar territorial uruguayo. Estas actividades constituyen los primeros pasos concretos en una nueva y polémica ronda de búsqueda de petróleo en aguas profundas.

Las empresas involucradas son APA, PGS, CGG y Searcher, las cuales firmaron durante el período de gobierno anterior contratos de carácter “multicliente” con la empresa estatal Ancap. Su trabajo se centrará en los siete bloques offshore que fueron habilitados para la exploración y que posteriormente fueron adjudicados a grandes empresas petroleras como Chevron, Shell, Challenger, APA e YPF. Estas últimas serán las que paguen por la información recabada en la exploración sísmica, utilizando esos datos para evaluar y definir si invierten en los siguientes y más costosos pasos, como la realización de pozos exploratorios.

Según dijeron fuentes de la cartera de Ambiente, la autorización no será incondicional y se realizará con una serie de restricciones. Esta decisión responde a la evaluación de los impactos ambientales significativos que se estiman pueden generar estas tareas. Una de las medidas de mitigación más destacadas es la exigencia de parar inmediatamente las máquinas de los buques de exploración al avistarse un ejemplar de fauna marina a 1.000 metros de distancia, en lugar de los 500 metros que suele ser el estándar en otras regiones.

Esta medida, aunque más precautoria, no disipa por completo las preocupaciones de científicos y organizaciones ambientales sobre los efectos del ruido submarino. Restricciones y la sombra de la contradicción ambiental En paralelo al proceso de autorización, el gobierno pretende emitir un decreto para declarar como áreas marinas protegidas algunas zonas específicas que, de manera preocupante, forman parte de los bloques concedidos para exploración.

Estas áreas incluyen las cabeceras de los cañones submarinos y los montículos de corales de aguas frías, ecosistemas de alta fragilidad y biodiversidad que fueron visualizados y documentados recientemente en la expedición científica Uruguay Sub200, realizada por investigadores del CURE y la Udelar. Esta superposición geográfica entre áreas de potencial protección y áreas de interés petrolero marca una contradicción inherente en la política gubernamental.

La meta del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunciada meses atrás, es ampliar la superficie de áreas protegidas hasta alcanzar un 30% del territorio marítimo uruguayo bajo algún régimen de conservación.

En un paso previo, durante 2022, la cartera había designado como sitios de particular relevancia para la conservación siete lugares clave: el banco inglés; la isla e islote de lobos y su entorno sumergido; las restingas pez limón; el pozo de fango; la zona de moluscos; el área de cría permanente de merluza, y el margen continental y talud, incluyendo justamente las cabeceras de cañones submarinos y los montículos de corales.

La resolución de entonces, firmada por el entonces ministro Adrián Peña, estableció que estos sitios debían ser tenidos “especialmente en cuenta” al momento de evaluar cualquier autorización ambiental.

A pesar de este marco regulatorio aparentemente robusto, el gobierno procedió con la unificación de los trámites de autorización para las cuatro empresas de sísmica. Si bien las compañías presentaron sus solicitudes por separado, la Dirección Nacional de Ambiente decidió unificar los procesos e, incluso, algunas de las audiencias públicas, otorgando las autorizaciones de manera simultánea.

Esta estrategia es vista por los críticos como un método para agilizar un proceso que, de otro modo, podría enfrentar obstáculos individuales más significativos. La tensión entre la agilización de los proyectos energéticos y la protección cautelar del ambiente se hace evidente en este procedimiento.

La Justicia y los cuestionamientos de la sociedad civil En octubre, en una respuesta formal a organizaciones sociales en el marco de la previa a la COP, la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente adelantó los argumentos que justificarían la continuidad de estos proyectos. Mencionó que el país tenía “larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos” por lo que “en principio” preveían respetar “los contratos de exploración firmados” y que continuaran las actividades previstas.

El comunicado también señaló que, en el hipotético caso de hallazgos comerciales de petróleo, cualquier futura producción deberá “considerar el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París”. Este argumento es considerado por las organizaciones ambientales como una justificación débil, dado que la fase de exploración en sí misma conlleva riesgos ambientales considerables. Ante este escenario y previendo la inminente autorización, un colectivo de organizaciones ambientales presentó ante la Justicia una medida cautelar de no innovar. Su fundamento central radica en que entienden que la prospección sísmica y la posterior exploración petrolera en el mar uruguayo pueden «dañar el océano y su biodiversidad» de forma irreversible.

La acción judicial busca frenar las actividades hasta que no se realice una evaluación completa y independiente de los impactos acumulativos que estas operaciones podrían tener en el ecosistema marino, algo que, a su juicio, no ha sido suficientemente considerado en los estudios presentados por las empresas. Más allá de las campañas de exploración sísmica, la empresa estadounidense Apache (APA) avanza en sus gestiones para realizar un pozo exploratorio dentro del bloque OFF-6. De acuerdo con la información a la que accedió el medio El Observador, la empresa ya presentó la comunicación de proyecto ante el Ministerio de Ambiente, que constituye el primer trámite administrativo en el camino para obtener la autorización ambiental definitiva.

Su objetivo es realizar la perforación durante el segundo semestre del año próximo, en un punto ubicado a aproximadamente 210 kilómetros de la costa uruguaya, en aguas con profundidades superiores a los 2.000 metros.

En la documentación presentada, la petrolera estableció que el objetivo del pozo es “evaluar el potencial petrolífero y determinar las características de las reservas potenciales de hidrocarburos en el sitio de perforación”. Las tareas serán ejecutadas mediante un buque de perforación de posicionamiento dinámico de aguas profundas, que será asistido por cuatro embarcaciones de soporte logístico. La campaña estimada tendrá una duración total de 110 días, de los cuales 79 estarán dedicados exclusivamente a la actividad de perforación, y el resto a las tareas de movilización e implantación del equipo. Se prevé que en el pico de operaciones embarquen alrededor de doscientas personas.

El bloque donde APA planea perforar es el mismo que fue investigado en 2016 por la empresa Total. En esa oportunidad, la perforación no encontró acumulaciones comerciales de hidrocarburos, pero constituyó un hito tecnológico para Uruguay al ser realizada en una zona con una profundidad de 3.404 metros de columna de agua. Aquella campaña permitió caracterizar un cuerpo de arenisca con alta porosidad de aproximadamente 135 metros de espesor, ubicado a más de 2.200 metros bajo el lecho marino, un dato geológico que sin duda alienta las expectativas de APA.

Mientras APA avanza con los trámites ambientales para su pozo, también ha iniciado gestiones logísticas en el Puerto de Montevideo para asegurar una zona específica para la instalación de infraestructura relacionada con el almacenamiento de lodos de perforación y cemento, según consta en resoluciones revisadas por este medio. En un movimiento paralelo, la petrolera estatal argentina YPF firmó un acuerdo con la italiana ENI para explorar conjuntamente el bloque 5.

Se espera que tomen una decisión sobre la perforación de un pozo en el transcurso de 2026. Sobre las probabilidades, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mostró optimista durante el evento Energía Summit, afirmando: “Creo que la probabilidad de que avancemos con la perforación es alta». Y utilizando una comparación que revela la ambición del proyecto, resumió: “Estamos buscando Namibia”, en referencia al gigantesco descubrimiento petrolero frente a las costas de ese país africano.

Los altos impactos silenciosos de la exploración sísmica La exploración sísmica para petróleo, particularmente en entornos marinos, implica riesgos ambientales significativos y ampliamente documentados por la ciencia. La técnica consiste en el uso de cañones de aire que generan pulsos sonoros de extremada intensidad, por encima de los 250 decibelios, cada 10 segundos, durante semanas o incluso meses. Estas ondas sonoras, capaces de propagarse por miles de kilómetros bajo el agua, penetran el lecho marino para mapear posibles reservorios de hidrocarburos, pero también se convierten en una fuente de contaminación acústica crónica para el ecosistema marino.

Los impactos ambientales más inmediatos y graves recaen sobre la fauna marina. Para los mamíferos marinos como ballenas y delfines, que dependen críticamente del sonido para comunicarse, orientarse, alimentarse y reproducirse, el ruido sísmico puede ser devastador. La evidencia científica recogida en múltiples estudios documenta que estas explosiones sonoras pueden causar desde alteraciones comportamentales, como el abandono de zonas de alimentación o la interrupción de cantos reproductivos, hasta lesiones fisiológicas directas, como pérdida auditiva temporal o permanente, e incluso la muerte. Se estima que millones de incidentes de daño a la fauna marina ocurren anualmente en áreas de exploración intensiva, como el Golfo de México.

Los efectos no se limitan a los grandes vertebrados. En peces e invertebrados, se han observado impactos como daños internos en órganos vitales, mortalidad masiva en estados larvarios y una marcada reducción en las tasas de captura comercial, lo que señala una disrupción profunda de sus patrones naturales. El zooplancton, base fundamental de la cadena alimentaria marina, sufre mortalidad y reducción de su abundancia en más de un 50% tras el paso de los buques sísmicos, según algunos estudios. Estos impactos en los eslabones más básicos del ecosistema pueden desencadenar efectos en cascada con consecuencias imprevisibles a largo plazo para la salud del océano y para las pesquerías comerciales.

Aunque la industria petrolera argumenta que los impactos son mínimos y se mitigan con protocolos como los monitoreos visuales y acústicos, y las paradas temporales, los grupos ambientalistas y gran parte de la comunidad científica destacan que los daños son cumulativos y que las medidas de mitigación existentes son insuficientes. Señalan la falta de estudios exhaustivos sobre los efectos a largo plazo y la sinergia con otras presiones, como el cambio climático y la sobrepesca. El avance de la exploración sísmica en aguas uruguayas, por lo tanto, se desarrolla en un campo de tensión entre los intereses energéticos, los compromisos climáticos internacionales y la imperiosa necesidad de conservar la biodiversidad marina.

Fuente: LR 21