Los ingresos proyectados de la proforma de 2026 superan en un 65 % a los $ 1.909 millones de la proforma de 2025, debido a que en esta última —publicada en agosto— se consideró un poco más que el último cuatrimestre, mientras que el presupuesto de 2026 contempla el año entero.

A ello se suma que el Gobierno se muestra cauto frente al comportamiento que pueda presentar el mercado mundial petrolero y sus efectos a la baja sobre los precios internacionales del crudo. En la proforma que el Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional, el pasado 31 de octubre, se proyecta que el crudo ecuatoriano se venda en un precio promedio de $ 53,47 por barril, lo que implica una reducción frente a los $ 62,20 previstos en el presupuesto de 2025.

Incluso el valor proyectado en 2025 estuvo por debajo del precio utilizado de $ 66,7 por barril de la proforma de 2024. “Siempre es complejo hacer una medición correcta del mercado petrolero”, comentó el economista Francisco Borja, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), quien considera que el escenario planteado para 2026 en la proforma “es manejable dentro de lo que muestra el mercado”.

La disminución constante de los precios referenciales en el presupuesto fiscal es un reflejo de las tensiones geopolíticas y comerciales, decisiones de la OPEP de aumentar la oferta, débil demanda y el desempeño de las principales economías del mundo, que han empujado a la baja el valor del crudo a escala global desde finales de 2024. Uno de los anexos de la proforma de 2026 reconoce como un riesgo fiscal la variación del precio internacional del hidrocarburo.

“La volatilidad de los precios internacionales del petróleo es un riesgo fiscal latente, ya que los choques externos negativos se traducen en menores ingresos fiscales para los presupuestos de los países que dependen directamente del petróleo, como es el caso de Ecuador”, señala el informe. El mismo documento cita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2026 los precios de las materias primas energéticas caerán alrededor del 6,0 %, con un precio promedio del petróleo en $ 64,33.

Además, el consenso de 30 firmas dispone que entre 2025 y 2026 el crudo WTI (de referencia para el petróleo ecuatoriano) caería en un 6,8 %.

Con ese contexto, de los $ 3.156 millones en ingresos petroleros estimados para 2026, el 45,44 % vendrá de la exportación directa de petróleo ($ 1.434 millones) y el 10 % de la exportación de derivados ($ 314 millones). El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (diésel y gasolinas extra y extra con etanol, para todo el año) permite obtener mayores ingresos, señala el documento de la programación presupuestaria cuatrianual 2026-2029.

Para el analista Darío Dávalos, editor del Boletín Energía al Día, “el Gobierno y Petroecuador tienen que revisar su estrategia de comercialización”, ajustando su programación, para obtener mayores recursos. Opinó que Petroecuador, en lugar de hacer varios concursos con diferentes volúmenes de exportación de crudo, podría unificar procesos para que el castigo (descuento) que recibe el crudo nacional no se repita en varias operaciones, sino que se aplique de una sola vez.

“Por ejemplo, en lugar de conseguir un solo castigo por un volumen de petróleo de 6 millones de barriles, Petroecuador termina vendiendo en tres o dos lotes esa cantidad de petróleo y ahí se tienen varios castigos. Eso significa un menor ingreso para el país por el monto total”, comentó. No obstante, puntualizó que los factores externos (como las decisiones de la OPEP), así como los internos, afectarán las exportaciones de crudo y los ingresos para el país.

Producción en declive Para 2026 la proforma prevé que la producción de crudo alcance los 165 millones de barriles al año, de los cuales 129 millones de barriles aportaría Petroecuador y 35 millones saldrían de los contratos de operadores privados con el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE). La perspectiva de producción petrolera del próximo año es 4,4 millones de barriles menor con respecto a lo previsto en la proforma de 2025.

“Esta caída se explica principalmente por la disminución de producción de crudo en el campo ITT. De otro lado, el precio promedio de exportación del crudo ecuatoriano y derivados es de $ 53,5 por barril y $ 48,1 por barril, respectivamente; es decir, $ 8,7 y $ 7,8 menos a los precios estimados para el 2025″, se explica en la programación presupuestaria cuatrianual. La disminución prevista en la proforma de 2026 continúa con el declive que ha tenido la producción nacional en 2025: entre enero y agosto se produjeron 101 millones de barriles, lo que fue 3 millones de barriles menos que en igual periodo de 2024, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Petroecuador, que aporta el 80 % de la producción nacional, tuvo una caída del 11,12 % en la producción de crudo entre enero y septiembre de 2025 frente a igual periodo de 2024. La reducción en la producción que se prevé en la proforma de 2026 pone en duda los ofrecimientos del Gobierno por incrementar el volumen de barriles extraídos.

En septiembre pasado, la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, dijo que al finalizar 2025 se buscaba llegar a un promedio diario de 500.000 barriles. Para 2026 la producción se estabilizará y al 2027 se planea alcanzar los 536.000 barriles por día. Al 5 de noviembre, la producción nacional diaria se ubicó en 475.121 barriles (entre Petroecuador y compañías privadas). Faltan alrededor de 25.000 barriles diarios para lograr la meta anunciada por Conde.

Según expertos, los objetivos de producción se ven distantes y serán difíciles de conseguir si no existe una política integral del sector de hidrocarburos que aumente las inversiones en explotación, exploración, refinación, que mejore el transporte y las instalaciones de la industrial. Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, observó que la baja en la producción petrolera refleja la falta de una política energética coherente por parte del Gobierno. La ausencia de infraestructura confiable y señales de estabilidad jurídica desincentivan la inversión privada en el sector.

“Aquí podemos ver que, si bien se están planteando objetivos en papel, en la realidad esos objetivos no son alcanzables. Y esta es la razón de no tener realmente un plan estructurado de corto, mediano y largo plazo, tanto para el sector petrolero como para el sector eléctrico. Ese es el problema”, anotó. La extitular de Petroecuador considera que no se da certeza a los inversionistas cuando persisten problemas, sin soluciones definitivas, en los oleoductos que se ven afectados por la erosión regresiva del río Coca y el proceso eruptivo del volcán Reventador.

Para Francisco Borja, no tiene coherencia exigir que se suba la producción cuando al mismo tiempo se aprobó en consulta popular cerrar el bloque 43-ITT. Además, señaló que se requiere inversión para aumentar la explotación, pero el país no cuenta con liquidez para inyectar los millonarios recursos que demanda la industria. “Un país que tiene una tasa de desempleo como la nuestra e ingresos per cápita como el nuestro no puede darse el lujo de dejar riqueza guardada. Las tasas de explotación petrolera son una consecuencia de esas decisiones que estamos tomando como país”, expresó Borja.

Sugirió que el Gobierno podría reorientar los recursos de ciertos bonos que entrega —que deberían ser temporales y se han vuelto permanentes— hacia la mejora técnica de la explotación petrolera, lo que ayudaría en la productividad, traduciéndose en más ingresos para el fisco.

Fuente: El Universo