Una licitación por más de 2 billones de pesos para la vigilancia física de todas las instalaciones de Ecopetrol en el país está en el centro de la atención. El proceso, que debería garantizar la seguridad en más de 15 zonas estratégicas donde la petrolera tiene infraestructura crítica y sedes administrativas, lleva más de cuatro meses entre avances y retrasos.

Fuentes cercanas al proceso aseguraron a Caracol Radio que la adjudicación estaría asediada por presuntas maniobras internas que habrían frenado la toma de decisiones dentro de la compañía estatal. Los contratos para cada zona son para cinco años, el objeto central es prestar los servicios de vigilancia privada en las instalaciones de la petrolera ubicadas en distintas regiones del país.

Desde su apertura, el proceso contractual ha estado rodeado de polémica. Según conoció este medio, las invitaciones iniciales habrían sido restringidas, lo que habría reducido la participación de oferentes, generando suspicacias e inconformidad en el sector de la seguridad privada.

El monto de la licitación equivalente a cerca de 2,1 billones de pesos, lo convierte en uno de los contratos más grandes en la historia reciente de Ecopetrol. En la documentación interna del proceso se señala que el objetivo es “garantizar la seguridad integral de las personas, bienes e instalaciones de Ecopetrol S. A. en todo el territorio nacional”, con un esquema de operación dividido por regiones y centros de producción.

Versiones más recientes apuntan a que decisiones clave dentro del trámite habrían estado a cargo de la Vicepresidencia de Servicios, Jaime Andrés García, quien, según las fuentes, habría tenido participación en momentos sensibles del proceso. A ello se suman comentarios sobre una posible influencia de proveedores internacionales de origen Catalán, así como presiones externas que estarían incidiendo en el ritmo de la adjudicación.

De acuerdo con información obtenida por este medio, intermediarios de sectores políticos entre ellos un excongresista del departamento de Sucre habrían sostenido reuniones con interesados en este billonario negocio aprovechando vínculos familiares con personas del alto gobierno.

Fuente: Caracol