Avanzar hacia energías limpias es necesario, pero no a costa del desarrollo. El sistema debe ser sostenible, confiable y competitivo. La transición no puede basarse en fanatismos ambientales que paralizan proyectos, espantan inversión y encarecen la energía.

El país enfrenta un déficit inminente de energía en firme a partir de 2027. La oferta crece más lento que la demanda. En La Guajira, donde está 80% del potencial eólico, más de 3,3 GW siguen detenidos por licencias, consultas previas y demoras absurdas. 70% del tiempo de desarrollo se pierde en trámites ajenos a los proyectos.

Mientras tanto, el gas escasea. Uchuva-2, el mayor hallazgo en años, fue suspendido por falta de consulta previa. El gasoducto Orca-Chuchupa está detenido. El país proyecta un déficit de 151 Gbtud en 2026 y 401 Gbtud en 2029, lo que nos hará depender del gas importado, mucho más costoso. Ya se sienten los efectos: Vanti, EPM y Efigas aumentaron tarifas hasta 36%.

A ello se suman decisiones normativas erráticas. En la COP16, el Ministerio de Ambiente otorgó autoridad ambiental a comunidades indígenas en territorios donde tengan incidencia. Y la Resolución 0221 de 2025, en Santander, prohibe minería y actividad de hidrocarburos en 11 municipios con alto potencial energético. Esto bloquea el desarrollo justo en zonas críticas para la transición.

El país no debe elegir entre transición y soberanía. Necesitamos ambas.

Renunciar al gas y al petróleo no solo destruye empleo: entrega nuestra seguridad energética a mercados externos. El fracking, satanizado sin sustento, podría multiplicar por cuatro las reservas de gas y elevar la producción de crudo de 770.000 barriles día a 1,3 millones. Ecopetrol lo probó en el exterior: su activo Permian en EE.UU. aportó 94.000 barriles diarios en 2024, un aumento de 27%. Existen ocho cuencas geológicas con potencial no convencional, que podrían sumar hasta 115.400 gigapies cúbicos de gas y hasta 11.800 millones de barriles de petróleo. Pero los proyectos -Kalé, Platero, Sirius-2- están suspendidos por decisiones políticas.

La transición energética requiere evidencia, técnica y articulación público-privada. No decretos exprés ni discursos. Si no corregimos el rumbo, la factura de la improvisación no solo se verá en las tarifas: se sentirá en el crecimiento, el empleo y la soberanía del país.

Fuente: La Republica