Se trata de un primer paso hacia la institucionalización de salvaguardas vinculantes que aseguren compensación justa, participación ciudadana, transparencia en los contratos y protección legal para las comunidades más vulnerables. El encuentro, organizado por la Alianza Potencia Energética Latinoamérica (APEL), reunió a representantes de comunidades, ministerios, municipios, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, consolidando un espacio de diálogo que reafirma que la transición energética debe construirse con la participación activa de todos los actores, coincidiendo en la necesidad de establecer reglas claras y vinculantes que resguarden los derechos de las personas y de la naturaleza frente al avance de las energías renovables.
“La transición energética no se trata sólo de un recambio tecnológico, sino de mejorar la calidad de vida, remediar y restaurar zonas afectadas, proteger a las comunidades, los ecosistemas y garantizar oportunidades y derechos para todas las personas”, destacó Cristóbal Díaz de Valdés, director ejecutivo de Artyc Studio y cofundador de la Alianza Potencia Energética Latinoamérica, declarando así que las Salvaguardas son la herramienta que hace posible una transición realmente justa. Trabajo mancomunado El documento chileno es resultado de un trabajo colectivo y co-creativo facilitado por Artyc Studio, con el soporte de la Alianza Potencia Energética Latinoamérica y en el marco del Fondo Movimiento Energético. Su redacción e investigación fue desarrollada en colaboración con la Fundación Ecosur, liderada por Pamela Poo; la Red de Pobreza Energética (RedPE), cuyo coordinador ejecutivo es Sebastián Orellana, y la ONG Energía Colectiva, con Cristián Mires como presidente, co-fundador y encargado área legal.
Estos tres profesionales enfatizaron que “la transición energética en Chile no puede limitarse al reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables, sino también considerar los impactos de los megaproyectos industriales, mineros, además de los de generación y transmisión eléctrica, generando la pérdida de ecosistemas y sin un diálogo en profundidad con las comunidades. Casos como el litio, el hidrógeno verde y nuevos parques eólicos muestran que persisten lógicas extractivas sobre los territorios excluidos en el debate y la planificación. Este documento de Salvaguardas ofrece la oportunidad de establecer una orientación y concientización sobre la necesidad de establecer límites y reglas claras para asegurar una transición justa y democrática, que proteja ecosistemas, respete derechos humanos y distribuya de manera equitativa costos y beneficios”.
Por su parte y considerando el escenario de su país Colombia, una de las expositoras del lanzamiento de Salvaguardas fue Luna Gómez, lideresa juvenil del Consejo Comunitario Ancestral de los Negros de Cañaverales, quien reflexionó sobre el lugar del Estado en toda esta discusión: “Debería tomar el rol de mediador para poder garantizar los derechos de las comunidades y al mismo tiempo poder implementar un desarrollo sostenible dentro de los proyectos que se pretenden realizar en el país, teniendo en cuenta que a través de este rol se podría asegurar la protección del patrimonio cultural, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático”. Comunidad como prioridad Gómez agregó además que “en este sentido, el Estado debe realizar un trabajo desde y para las comunidades, garantizando el derecho a la participación y asegurando procesos transparentes y responsables con el medio ambiente; por último, el Estado debería consolidar normas que ayuden a contribuir con la justicia social y ambiental que la sociedad necesita”.
Por otro lado, la también expositora Isabel Preciado Ochoa, coordinadora del proceso de construcción colectiva de salvaguardas para la TEJ en Colombia -cuya participación en el proceso de confección de Salvaguardas fue fundamental- coincidió con la reflexión de Luna Gómez sobre la participación del Estado en las futuras conversaciones entre sociedad civil, municipios, instituciones y empresas: “El rol del Estado frente a las salvaguardas debería pensarse como una bisagra entre dos fuerzas en tensión: por un lado, la obligación de garantizar derechos y proteger los bienes comunes; por otro, la presión de los intereses empresariales y financieros que busquen reducir las salvaguardas a simples ‘checklists’ formales”.
Con ello, la expositora destacó que “en este sentido debería promover y fortalecer los siguientes roles: 1. normativo y regulador, 2. Garantizar la justicia redistributiva, 3. Un rol aparentemente obvio pero necesario de reiterar: garante y protector de derechos, 4. Fiscalizador e independiente, 5. pedagógico y de transformación cultural”.
¿Qué son las Salvaguardas Socioambientales? Se trata de un conjunto de políticas, normas, criterios y procedimientos diseñados para proteger a las comunidades y los ecosistemas frente a los impactos negativos de la implementación de proyectos energéticos. Su objetivo es que el desarrollo de energías renovables sea realmente sostenible, equitativo y respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza.
En la práctica, las salvaguardas ofrecen mecanismos de protección, reparación y resiliencia, garantizando compensación justa, participación ciudadana vinculante, transparencia en los contratos y protección legal para las comunidades más vulnerables. Asimismo, sirven como guía para autoridades, sociedad civil, desarrolladores e inversionistas, estableciendo parámetros claros -e incluso restricciones por incompatibilidad- para el diseño e implementación de proyectos energéticos o industriales vinculados a la transición.
Desde Colombia, el documento fue resultado de un proceso de construcción colectiva acompañado por el Fondo Socioambiental Emerger y la Alianza Potencia Energética, con la participación de organizaciones comunitarias, grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, sindicatos, cooperativas, procesos juveniles, ONG, medios comunitarios y voces independientes.
Fuente: EI