Conocida como Spare, la operación es una rama de Carbono Oculto e investiga el lavado de dinero y la ocultación de activos a través de gasolineras, moteles, franquicias y desarrollos inmobiliarios. Cerca de 400 gasolineras estaban controladas directa o indirectamente por el grupo. Las 267 gasolineras aún activas generaron 4.500 millones de reales entre 2020 y 2024, pero recaudaron solo el 0,1 % en impuestos durante ese período.
El operativo fue llevado a cabo por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP), a través del Grupo de Trabajo Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO), y contó con la participación de la Secretaría de Hacienda Federal, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia del Estado de São Paulo y la Policía Militar.
Se ejecutaron órdenes de allanamiento e incautación en las ciudades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão y Osasco. Según el MPSP, la investigación comenzó con la incautación de máquinas expendedoras de tarjetas en casas de juego ilegales ubicadas en Santos, vinculadas a gasolineras. El dinero fue transferido a una empresa fintech.
El análisis de las transacciones financieras reveló que los fondos fueron transferidos a una empresa fintech, utilizada para ocultar el origen ilícito de los fondos y su destino final. El MPSP también informa que, a medida que se profundizaba la investigación, fue posible identificar una compleja red de personas físicas y jurídicas involucradas en el movimiento de fondos ilícitos.
La tecnología financiera a través de la cual la organización criminal mueve millones de reales es la misma que utilizan los objetivos de la Operación Carbono Oculto, que destapó un esquema de participación fraudulenta en el sector de los combustibles, que implicaba la infiltración de miembros de la facción Primeiro Comando da Capital (PCC).
El Instituto Legal de Combustibles (ICL) publicó un comunicado de apoyo a la Operación Spare.
«Este patrón delictivo, sustentado por una red de empresas fantasma, compromete no solo la competencia leal, sino también las finanzas públicas y la credibilidad de las cadenas de producción vinculadas al sector», declaró el presidente del ICL, Emerson Kapaz, en un comunicado.
Fuente: Axis
