Ayer, 30 de julio, vencio la sexta prórroga otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Sin embargo, la estatal sigue sin informar si finalmente rescindirá el contrato y si reclamará la garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia fue extendida hasta el 30 de septiembre mediante la última adenda firmada por Jara y el jeque Khalifa Hamad Al-Thani. El contrato “urgente” acumula ya diez meses de incumplimientos, y la petrolera pública continúa en silencio sobre el tema. Lo cierto es que, ante este nuevo incumplimiento de la empresa extranjera, la estatal volvió a adjudicar una compra “urgente” de hasta 40.000 metros cúbicos de gasoil, otorgada a la empresa Glencore AG, representada por Gustavo Mutshuito Villasboa Florentín. Este proveedor deberá entregar el carburante en agosto, en el kilómetro 171 de la República Argentina (FOB). El contrato fue rubricado el 25 de julio pasado y tiene una duración de dos meses.

Los documentos oficiales de esta compra fueron publicados recién ahora, pues, al tratarse de un procedimiento especial, la estatal no divulga los detalles hasta después de la firma del contrato. Este método también fue utilizado en la contratación de Doha Holding, pero en este caso la estatal ni siquiera publicó el pliego del llamado. Con este método de compras la estatal evitar transparentar sus adquisiciones de combustibles. El gasoil que nunca llega: mañana vence la sexta prórroga a la firma catarí y Petropar sigue en silencio

Otro llamado en curso con la modalidad de una subasta Paralelamente, la estatal acelera otro llamado, correspondiente a una subasta electrónica a la baja, para adquirir 80.000 metros cúbicos de gasoil por más de US$ 48 millones. La convocatoria se publicó el 15 de julio y las ofertas se recibirán el 11 de agosto.

En esta ocasión, se prevé la adquisición de dos ítems de hasta 40.000 metros cúbicos cada uno (contrato abierto). El ítem 1 debe entregarse en el puerto de Petropar, en Villa Elisa (DAP), con un precio referencial de alrededor de US$ 25 millones. El ítem 2, en tanto, deberá entregarse en la ciudad de Zárate, Campana (km 171 del río Paraná Guazú), por un monto estimado de US$ 23,1 millones.

Cabe recordar que, el pasado 10 de julio, la estatal ya adjudicó otra compra de gasoil, también mediante subasta electrónica a la baja. En esa ocasión, la empresa Vitol Energía Americas S.A. resultó adjudicada con el ítem 1, por US$ 24,5 millones, para la entrega de hasta 40.000 metros cúbicos en km 171.

En esa convocatoria se canceló el ítem 2, correspondiente a la entrega de otros 40.000 metros cúbicos en la planta de Villa Elisa, por falta de oferentes.

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La garantía que Petropar evita reclamar desde hace meses a Doha Holding Según consta en la adenda 6, mediante la cual Petropar otorgó la sexta prórroga a Doha Holding, la estatal también extendió la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento hasta el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que se cumplirá un año desde la firma del contrato inicial, sin que la empresa haya cumplido los plazos.

Cabe recordar que dicha garantía equivale al 5% del monto del contrato, superior a US$ 61 millones —es decir, unos US$ 3.050.000— y fue presentada por Doha Holding mediante una simple declaración jurada, sin respaldo de póliza de seguro ni aval bancario. Si bien se menciona al Qatar International Islamic Bank (QIIB) como “garante”, Petropar solo podrá reclamar ese monto a la empresa en caso de rescisión contractual.

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El contrato original se firmó el 30 de septiembre del año pasado. A pesar de las múltiples prórrogas otorgadas, contradictorias con el carácter de urgencia de la compra —cuyo contrato tiene una duración máxima de dos meses—, la empresa no cumplió. Petropar justificó cada una de las seis extensiones argumentando el “precio inmejorable” como principal motivo.

La Ley 7021, en su artículo 67, permite modificar hasta un 20% el monto o el plazo del contrato y solo ante circunstancias imprevistas que no generen ventajas para el contratista sobre las condiciones originales. En este caso, las extensiones parecen violar la citada normativa, pero la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sigue sin investigar el caso.

Fuente: ABC