El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano afirmó hoy que esta nación sudamericana atraviesa una crisis del sector de hidrocarburos y la situación es un reflejo de la “irresponsabilidad” en la gestión por parte del Gobierno.. julio 17, 2025 | 19:30 Mediante un análisis divulgado en sus redes sociales, el Frente calificó como un “colapso sin precedentes” la crisis petrolera y aseguró que “pudo y debió evitarse”.
El colectivo responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por la “irresponsable gestión administrativa y técnica”.

Para el Frente, la paralización de la Refinería de Esmeraldas, la mayor del país, y la suspensión del transporte por los oleoductos nacionales, sin soluciones definitivas, entre otros factores, han llevado al país al borde de un “apagón petrolero”.

Entretanto, la producción petrolera disminuyó de casi 480 mil barriles diarios en enero a poco más de 68 mil en julio, una caída del 89 por ciento. El Gobierno anunció que este jueves se reanudarían las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), sin embargo, Petroecuador no ha confirmado, hasta esta tarde, si el bombeo recomenzó.

Desde el 2 de julio el SOTE y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) cancelaron su funcionamiento debido a las lluvias y a la erosión del río Coca en zonas cercanas a las tuberías. Como consecuencia, el Frente petrolero advirtió sobre pérdidas por más de 215 millones de dólares en exportaciones no realizadas, una mayor dependencia de combustibles importados endeudamiento y el riesgo desabastecimiento por falta de almacenamiento. En ese contexto, exigen que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, comparezca ante la Asamblea Nacional (Parlamento) para explicar la crisis y que el presidente, Daniel Noboa, presente un plan de emergencia para normalizar producción y transporte.

Además, sugieren diseñar un plan integral a largo plazo con exploración, aumento de refinación y preparación para un futuro sin exportaciones petroleras, y que se realicen auditorías a las ocho roturas de oleoductos en los últimos ocho años y se transparenten los contratos.

Fuente: Prensa Latina