En el debate sobre la sostenibilidad fiscal del Estado boliviano y la necesidad de una reforma tributaria integral, existe un punto de partida ineludible que debe ser priorizado: la tributación sobre los sectores de hidrocarburos y minería privada. Lejos de ser un tema técnico o sectorial, este es un asunto estratégico para la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo.

Actualmente, Bolivia impone a las industrias extractivas –hidrocarburos y minería privada– una carga fiscal significativamente superior al promedio de otros países de la región. Este alto “government take” (porcentaje que termina en manos del Estado) puede superar el 80% en ciertos casos, dependiendo de los precios internacionales y los costos operativos. En comparación, países vecinos como Perú o Colombia ofrecen esquemas más equilibrados que buscan compatibilizar la recaudación con la atracción de nuevas inversiones.

Fuente: Brújula Digital

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