Un balance realizado por Empresas Eléctricas A.G. dio cuenta de que durante el año pasado se registraron casi 1.200 casos de robo de conductores energéticos a nivel nacional, los que provocaron interrupciones de suministro a más de 541 mil clientes en todo el país.
En este contexto, manifestaron que la magnitud de este delito ha escalado a niveles preocupantes, ya que el año pasado se sustrajeron cerca de 590 kilómetros de líneas eléctricas, equivalente a la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía.
Al respecto, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, afirmó que “estamos frente a un fenómeno criminal de alto impacto que afecta hogares, postas rurales, escuelas, sistemas de agua potable y otros servicios críticos, vulnerando el acceso de las personas a un servicio esencial, y que además pone en riesgo la vida de trabajadores, vecinos y de quienes cometen estos delitos”. A su vez, de acuerdo con las estadísticas del gremio, en los últimos 4 años han ocurrido más de 5.800 casos de robos de cable, los que han significado la sustracción de casi 1.900 kilómetros de conductores eléctricos.
Acciones del gremio durante 2024 Durante 2024, las empresas distribuidoras agrupadas en el gremio interpusieron 546 querellas y denuncias, reforzando su compromiso con la persecución penal de estos delitos. No obstante, la asociación insistió en la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que mejoren la persecución de este delito y enfrenten este problema desde su origen: el comercio informal e ilegal de cobre robado. En este contexto, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, detalló que “el Congreso discute hoy proyectos clave para enfrentar este delito. Hacemos un llamado urgente a que estas iniciativas avancen con celeridad. Es fundamental contar con herramientas más eficaces para sancionar y prevenir este tipo de delitos”.
“Proteger la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para los hogares es una tarea compartida. Requiere de coordinación pública-privada, compromiso sostenido y decisiones firmes que desincentiven este tipo de delitos que atentan contra el bienestar colectivo”, añadió.
Fuente: EI