El compromiso de Chile con la descarbonización del transporte es claro: para 2035, el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos, así como del transporte público, deberá corresponder a modelos de cero emisiones. Sin embargo, a pesar del impulso político y del marco regulatorio, los avances han sido desiguales y los desafíos aún persisten.
Uno de los mayores logros de Chile en electromovilidad ha sido la incorporación de buses eléctricos en el transporte público. Hoy, el sistema RED de Santiago ya cuenta con más de 2.500 unidades operando, con la expectativa de llegar a 3.500 buses en 2025, lo que representaría el 50% de la flota. Además, en regiones se ha logrado avanzar con cerca de 130 unidades en operación y proyecciones de 900 para los próximos años. “Se ha avanzado de manera importante en buses, pero para replicar ese éxito en otras áreas del transporte necesitamos infraestructura de carga suficiente”, afirma Gustavo Hunter, jefe del Departamento de Movilidad Sostenible de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC).
Este liderazgo se debe en parte a cambios normativos y licitaciones enfocadas en favorecer la electromovilidad. La Ley 21.692 (2024) asignó recursos para el financiamiento de proyectos de energías limpias en el transporte público, permitiendo que la electrificación del sector avance con rapidez. No obstante, la expansión a nivel regional sigue siendo un reto. “A pesar de los esfuerzos en Santiago, en regiones la cobertura aún es insuficiente”, agrega Carlos Silva, investigador y académico del Centro de Transición Energética (Centra) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
En contraste, la adopción de vehículos eléctricos (VE) particulares avanza más lentamente. En 2024, pese a que se vendieron 4.507 unidades, lo que representa un crecimiento del 184% respecto al año anterior, pero sigue siendo apenas el 1,5% del total del mercado automotriz chileno. “Si queremos que más personas elijan VE, necesitamos que sea una decisión viable, no solo una imposición”, advierte Hunter.
Del mismo modo, los altos costos de los vehículos eléctricos continúan siendo la principal barrera. Aunque su operación es más económica a largo plazo, la inversión inicial sigue siendo inalcanzable para muchos consumidores. “El precio es una limitante clave y, lamentablemente, escapa al control de los reguladores locales”, agrega el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Infraestructura de carga Un factor crucial para el avance de la movilidad eléctrica es la disponibilidad de puntos de carga. En 2024 se instalaron 336 cargadores públicos adicionales, alcanzando un total de 1.083 a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de estos avances la infraestructura sigue concentrada en Santiago y algunas capitales regionales, dificultando la transición en zonas más alejadas. “Sin un acceso adecuado a la carga, la gente no va a comprar autos eléctricos, por mucho que haya intención de hacerlo”, sostienen desde el Ministerio de Energía.
Desde el sector privado, empresas como Copec Voltex han expandido su red de electroterminales y cargadores públicos, facilitando la autonomía de estos vehículos.
Fuente: EI