Para no matar la industria del litio en su cuna, la aprobación de los contratos en el Salar de Uyuni debe ser postergada hasta el siguiente gobierno, período en el cual se debe lograr un consenso público, abrir la Constitución Política del Estado que permita una ruta que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y posibilite la vigencia del Impuesto Directo del Litio (IDL) que favorezca principalmente a las regiones productoras porque éstas sufren el deterioro de su medio ambiente, propuso el economista Jaime Balanza, tras un estudio profundo de la situación actual y el contexto internacional.

El IDL podrá ser hasta del 40% en relación con las tendencias del mercado internacional y los recursos logrados por ese concepto deberán destinarse al desarrollo de las regiones productoras de litio, el desarrollo de profesionales en el rubro de este mineral en las universidades, la protección del agua y el fortalecimiento de la seguridad de las regiones productoras ante posibles incursiones militares de países vecinos, como aconteció con el cobre, guano y salitre, agregó.

Fuente: El Diario

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