En el actual contexto preelectoral del vecino país, el medio guyanés Kaieteur Noticias acusa al gobierno de Guyana de ignorar los riesgos contra la ecología que implican las violaciones al acuerdo ambiental, y de inmediato muestra las sobrepasadas cifras de producción en tres de los seis proyectos sancionados y manejados por la Exxon Mobil Guyana Limited.

Detalla que se realizó una evaluación del impacto ambiental de los proyectos Liza One, Liza Two y Payara ubicados en el Bloque Stabroek. Explica que el primero fue diseñado para operar hasta un pico de 120.000 barriles diarios. El Ministerio de los Recursos Naturales registra 163.000 BD.

En los proyectos Liza Two y Payara la Exxon Mobil tiene pautado producir, cada uno, 220.000 BD, y por el contrario generan, respectivamente, 250.000 BD. Total, extrae 103.000 BD por encima del tope acordado.

El medio va más allá de la sola violación de la cuota acordada y cuestiona incluso que el informe de evaluación de impacto ambiental no abarque los riesgos causados por el agua y gas generados en el proceso de extracción de petróleo del fondo marino, que arrastran consigo sustancias tóxicas a temperaturas elevadas.

“Exxon Mobil trata el agua y luego la vierte al mar, mientras parte del gas lo quema y lo reinyecta a los pozos, proceso durante el cual también emite sustancias peligrosas para el ambiente”, denuncia.

Recoge la opinión del exdirector ambiental del Ministerio, Vincet Adams, quien dijo que la petrolera no solo sacrifica los límites de seguridad en nombre de la avaricia, haciendo uso de terminologías manipuladoras como “ejercicios de descongestión, que en la práctica significa más tuberías y equipos para elevar la producción en búsqueda desmesurada de obtener ganancias obscenas”.

Entre la Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana se firmó en 2016 un acuerdo de producción compartida, el cual ha sido y es duramente cuestionado hasta por organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI.

En julio de 2017, el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI escribió en un informe restringido que el contrato era “demasiado generoso con el inversor” y contenía “una serie de lagunas”; además, señala que los “acuerdos actuales de producción compartida parecen tener regalías muy por debajo de lo que se observa a nivel internacional”.

En marzo de 2024 la Open Oil, una empresa de análisis alemana, estimó que Guyana no captaría más de 54% de los recursos económicos del contrato. A modo de comparación, dijo que el acuerdo de Ghana para la extracción de petróleo marítimo le otorgó 64%.

“Un análisis exhaustivo señala que, en términos de superficie, el contrato de arrendamiento de Guyana es más de 100 veces mayor que el de Estados Unidos en el golfo de México. El gobierno guyanés pagará impuestos en nombre del contratista y será responsable de reembolsar todos los costos de desarrollo para poder acceder a los ingresos de la inversión, estimados en 20.000 millones de dólares para 2024”.

Además, destaca que una cláusula contractual también prohíbe a Guyana renegociar, enmendar o modificar unilateralmente el acuerdo. El 45% de las participaciones en el Bloque Stabroek está en manos de un consorcio compuesto por una empresa privada estadounidense llamada Hess Guyana Exploration y la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation; además, el contrato exige que se indemnice al consorcio si cualquier acción gubernamental afectara los beneficios económicos acumulados.

Un informe del grupo anticorrupción Global Witness, del 3 de febrero de 2020, que posteriormente fue retirado por presiones de grupos religiosos de Guyana, pidió al Gobierno de ese país que renegociara el controvertido acuerdo de producción compartida de 2016 con Exxon Mobil.

Señalaba que las tácticas agresivas de Exxon Mobil con funcionarios guyaneses inexpertos causarían que Guyana perdiera hasta 55 mil millones de dólares en un contrato petrolero explotador, citando el análisis que encargó.

La firma formuló las siguientes recomendaciones:

El gobierno guyanés debería renegociar la licencia petrolera de Exxon en Stabroek. El gobierno debería buscar una parte de los ingresos que se equipare a los estándares internacionales, aumentando las obligaciones financieras de Exxon, como los pagos de regalías e impuestos sobre la renta. Antes de las negociaciones, el gobierno debería encargar una evaluación independiente para determinar lo que el país merece de la licencia, aunque Global Witness cree que una parte mínima equitativa de los ingresos petroleros para Guyana sería de 69%. Las negociaciones deberían estar a cargo de funcionarios gubernamentales imparciales, que recurran al asesoramiento de expertos. Los ingresos adicionales recibidos como resultado de la renegociación pueden invertirse en prioridades de desarrollo y administrarse dentro de un fondo de recursos naturales que incorpore una participación significativa y transparente con la sociedad civil. También pueden utilizarse para financiar las ambiciones contenidas en la Estrategia de Desarrollo del Estado Verde, asegurando que la economía del país sea más fuerte y, en última instancia, no dependa del sector petrolero. En el contexto de la emergencia climática, y en vista de los ingresos que Guyana podría recibir de los yacimientos petrolíferos de Stabroek, el gobierno guyanés debería imponer una moratoria a cualquier nueva perforación. Guyana podría permitir a Exxon extraer petróleo de los 16 pozos que ya ha perforado, pero no permitir perforaciones adicionales en la licencia de Stabroek. Guyana también debería cancelar las otras nueve licencias que le habían sido asignadas y no otorgar ninguna nueva. El Gobierno de Guyana debería investigar el proceso mediante el cual se negoció la licencia de Stabroek, lo que debería incluir un análisis para determinar si un aparente conflicto de intereses impidió a Raphael Trotman, ministro de Recursos Naturales, negociar plenamente en beneficio del país. La compañía estadounidense paga al Gobierno guyanés apenas 2% de regalía, o impuesto por explotación al dueño del recurso, mientras que en Venezuela la tasa es de 10%. Tras haberlo negado con anterioridad, a través de Trotman también el gobierno de Guyana admitió en 2017 haber recibido de la Exxon Mobil ayuda financiera en el caso de conflicto fronterizo con Venezuela, según el medio News Source.

Fuente: Ultimas Noticias