De acuerdo a la Ley de Biocombustibles, la secretaría de Energía debe publicar todos los meses el precio de comercialización del biodiesel de acuerdo a una fórmula que calcula los costos de producción. Sin embargo, en el afán de controlar la inflación, el ejecutivo fijó un precio que, según los productores de biodiesel, ni siquiera cubre el costo de producción. Bronca en el sector por el doble discurso del gobierno. La industria del biodiesel para el consumo local se encuentra en alerta por el atraso en el precio de comercialización que todos los meses fija el poder ejecutivo a través de la secretaría de Energía. De acuerdo a lo expresado por la CEPREB, Cámara que agrupa a la mayoría de las empresas elaboradoras de biodiesel, la mitad de las plantas están paralizadas y la otra mitad están produciendo a media máquina debido a que el ejecutivo estableció un precio por debajo de los costos de producción.
En la entidad empresarial y mediante un comunicado firmado por su titular, Federico Martelli, afirman que el precio publicado de $1.023.000 está muy lejos del que arroja la fórmula establecida legalmente que debería ser de $1.174.000. Además agregan que el costo de producir una tonelada es de $1.141.000, dejando en claro de este modo que con el precio fijado por María Tettamanti -quien reemplazó a Rodríguez Chirillo como titular de Energía- no solo no tienen rentabilidad sino que además pierden plata con cada tonelada que producen.
Algunos empresarios consultados por el tema señalaron que sólo están produciendo lo mínimo indispensable para hacerse del efectivo que les permita cubrir los costos financieros o pagar los salarios de noviembre. Otros directamente contaron que dieron vacaciones a partir del primero de diciembre y no volverán a operar hasta que se actualice el precio o baje el aceite de soja, principal insumo para la elaboración de biodiesel. En conversación con P y M, Martelli señaló que, si bien la comunicación con el gobierno es buena, hasta ahora no obtuvieron respuestas satisfactorias. “El martes tuvimos una muy buena reunión en Economía en la que reconocieron que están fijando un precio artificialmente bajo, pero argumentan que necesitan contener la inflación. Ante eso nuestra respuesta es clara. Primero, que el control de precios no funciona, ya lo vimos durante 4 años con Fernández y terminó mal, segundo que las petroleras han aumentado 260% el diésel en lo que va del año, mientras que el biodiesel aumentó solo 10% y tercero que el aumento que nos corresponde tiene un impacto de $11 por litro, es absurdo creer que eso va a disparar la inflación».
En medio de esta situación aparecen otros elementos que complejizan y tensan aún más el debate. Por un lado la voluntad del gobierno de discutir una nueva ley de biocombustibles que según los actores de la cadena de valor el “muy pro petrolera” y tiene deficiencias técnicas severas. Por otro lado tiene estado parlamentario la reforma a la Ley de Biocombustibles que elaboró la Liga Bionergètica que reúne a 6 provincias, entre ellas Santa Fe y Córdoba.
Esta Ley, que parecía tener vía libre para avanzar en el Congreso, se encontró con dos obstáculos que prácticamente anularon las posibilidades de ser votada. Por un lado establecía criterios que perjudicaban a las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos y sólo beneficiaba a Santa Fe. Esto desató la bronca de manera transversal entre los legisladores de las provincias afectadas, que más allá de pertenencia partidaria, acordaron no acompañarla.
Por otro lado el ejecutivo que al principio la había apoyado mediante el ex subsecretario de hidrocarburos, Luis De Ridder, le quitó el apoyo tras la llegada de Tettamanti. Entre las provincias productoras aún se lamentan que por el afán de Santa Fe de quedarse con toda la producción de biodiesel haya fracasado la posibilidad de tener una nueva ley que subiera significativamente el porcentaje de mezcla entre biocombustibles y combustibles fósiles. Este escenario genera aún más incertidumbre entre los actores de la cadena de valor. Señalan que arrancaron el año discutiendo la Ley de Bases que cambiaba completamente el marco jurídico y el régimen de producción de biocombustibles. Luego el propio gobierno retiró la Ley de Bases y ratificó la 27.640 del año 2021. Más tarde, la Liga Bioenergética presentó su propia Ley de Biocombustibles que perdió fuerza. Sobre el final de año apareció la ley del oficialismo que lleva la firma de la Diputada Lorena Villaverde.
En medio de tantas idas y vueltas, un gobierno que no cree que el Estado deba fijar precios determina un precio que los condena a la quiebra mientras YPF los amenaza por mail por no entregar biodiesel, que claro está, no pueden producir. Si bien en el mundo empresarial hay cierto entusiasmo por el rumbo del gobierno, no todo lo que brilla es oro.
Fuente: Agencias