2024 es un año demandante para Ecuador. A la ola de crimen organizado desatada en enero se sumó en los últimos meses el agravamiento de la crisis del sector energético. Este sábado 12, Inés Manzano, la ministra interina de Energía y Minas, ratificó la continuidad de apagones de hasta 10 horas diarias y en distintas franjas horarias del país andino.

Días antes, el miércoles 9, su predecesor, Antonio Goncalves, renunció al cargo tras el anuncio inicial de esta medida. De esta forma, Ecuador ya suma cinco semanas consecutivas de cortes de luz, con dos horarios que paralizan las actividades cotidianas y, por ende, buena parte de la economía nacional.

La causa principal de esta situación atípica reside en la dependencia de las centrales hidroeléctricas. Algo que se agrava durante las temporadas de sequías que bajan el caudal de los embalses. Pero este no es un problema reciente: como muestra, el informe anual de 2023 del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) reveló que el 79,04% de la energía ecuatoriana proviene del sector hidroeléctrico.

En segundo lugar, se encuentran las centrales térmicas, que aportan un insuficiente 15,37%. Más alarmante era el hecho que solo un 1,44% de la generación provino de fuentes no convencionales.

Pero hubo un momento en que la energía hidroeléctrica representó el futuro en Ecuador. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), se construyeron ocho centrales, siendo la más importante Coca Codo Sinclair (2016), desarrollada por la empresa estatal china Sinohydro y valorizada en US$ 2.240 millones. Sin embargo, al margen de las grandes inversiones, la administración de Correa cometió el error de instalar las centrales hidroeléctricas en una sola zona hidrológica y por ende, las sequías afectan a todas por igual.

“Ecuador es uno de los países con mayor cantidad de ríos por metro cuadrado. Entonces, no era descabellado recurrir a los recursos hidroeléctricos; no obstante, el gran error fue no invertir también en el parque térmico. Sabemos que el consumo de energía hidroeléctrica sale más barato y quizás, por eso, el gobierno de Correa decidió construir más centrales en su momento”, expresó Jorge Jaramillo, ingeniero experto en energías renovables y CEO de Tenaz Energy a AméricaEconomía.

A los caprichos de la naturaleza se suma la negligencia humana: en 2022, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) reveló a Infobae que desde 2012, Sinohydro ocultó que los distribuidores de turbina de la casa de máquinas de Coca Codo Sinclair tenían alrededor de 8.000 fisuras.

“Además de contar con fallas estructurales, Coca Codo Sinclair es una hidroeléctrica de paso. Es decir, no tiene embalse y por ello, depende de la situación climática. Si no llueve, la producción de electricidad cae, algo que ha empeorado, porque estamos atravesando más meses de sequía de lo habitual”, declaró Jorge Luis Hidalgo, gerente general de GreenPower International para AméricaEconomía.

Con todos estos antecedentes, finalmente se desató la crisis eléctrica en octubre de 2023, cuando el gobierno de Guillermo Lasso anunció el inicio de la aplicación de los primeros apagones a nivel nacional para evitar una “sobresaturación” del sistema eléctrico.

Para abril de 2024, ya con Daniel Noboa en el poder se produjeron varios cortes del suministro eléctrico sin que la ciudadanía hubiera sido advertida a tiempo. El presidente Noboa respondió acusando de “sabotaje” a 21 funcionarios de su administración, incluida la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo.

En los meses siguientes, el gobierno ecuatoriano ha impulsado soluciones asistencialistas como anunciar que las facturas eléctricas de los hogares que consumen menos de 180 kWh entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 sean gratuitas. La elección de este periodo no es casual: el 9 de febrero, Ecuador celebrará nuevas elecciones presidenciales y Noboa teme que la crisis eléctrica afecte sus ambiciones reeleccionistas.

No obstante, un programa de gestión de la crisis eléctrica a largo plazo sigue sin asomar por el horizonte. Para Hidalgo, si bien es un problema estructural anterior a Noboa, lo cierto es que el gobierno no tomó las precauciones debidas.

“Nosotros vimos en tiempo real cómo fue cayendo el caudal de ingreso a los embalses como el del proyecto hidroeléctrico de Mazar. Una vez que se consumió todo el embalse, recién tomaron la decisión en septiembre de introducir apagones de 12 horas. Cuando teníamos 30 o 20 metros de embalse, pudieron racionalizar la luz en una o dos horas pico, pero no se tomaron decisiones técnicas”, explica.

En la misma línea, Jaramillo opina que la falta de prevención es de larga data. Pues desde la inauguración de Coca Codo Sinclair en 2016, Ecuador no ha desarrollado más proyectos hidroeléctricos ni térmicos de gran envergadura. A esto se añade la gran deuda pública que mantiene el país: para cuando Noboa ganó las elecciones, ya había un déficit de US$ 4.000 millones en el presupuesto destinado a 2024.

“Lo que sí se le puede achacar a Noboa es que el gobierno no ha informado la crisis con claridad. Se toman nuevas decisiones cada semana sobre los apagones y eso genera un malestar que hace cuestionarse a la gente si el cambio climático es el único motivo”, sostiene.

Asimismo, hubo un exceso de confianza en las importaciones de energía eléctrica desde Colombia. La capacidad máxima de interconexión entre ambos países es de 450 megavatios (MW), lo que cubría un 10% de la demanda de Ecuador. Sin embargo, su país vecino se vio obligado a restringir la venta de energía hidroeléctrica por las sequías.

Finalmente, el tiro de gracia se produjo este 30 de septiembre, cuando se suspendió la entrega de energía termoeléctrica. El gobierno de Gustavo Petro justificó la medida argumentando que Colombia está usando el parque térmico de forma intensa, lo que podría generar paralizaciones por mantenimiento de las centrales. Solo se dejó abierta la opción de retomar las exportaciones de energía si estas “hacen uso” de otras fuentes de energía que no sean indispensables para cubrir la demanda total doméstica o nacional del país cafetero.

“A raíz de que Colombia decidió quitarnos la provisión de electricidad al 100%, Goncalves cometió un nuevo error. Poco después, decidió reducir el número de horas de apagones, diciendo que el embalse de Mazar había mejorado en dos o tres metros por algunas lluvias. Eso fue insensato, porque después ante la presión del sector industrial, decidieron aumentar nuevamente a 10 horas los apagones para áreas residenciales. Y así, jugaron con la esperanza de la gente”, criticó Hidalgo.

EL APORTE DE LA BARCAZA TURCA

A mediados de septiembre, la Celec reveló que Ecuador tenía un déficit energético de 1.090 MW. Para entonces, el gobierno de Noboa había apostado por métodos alternativos como el alquiler de la barcaza eléctrica Emre Bey, propiedad de la empresa turca Karpowership.

Cabe destacar que el arrendamiento de la embarcación asciende a US$ 114 millones y desde el 17 de septiembre, entró en operación comercial. Pese a la alta expectativa, la barcaza aporta únicamente 100 MW, lo que está muy lejos de cubrir el déficit energético de Ecuador o incluso, reemplazar los aportes colombianos.

En su momento, Goncalves prometió el alquiler de una segunda barcaza para octubre. No obstante, su sucesora, Inés Manzano, canceló el proyecto, porque el buque no cumplía con los “requisitos técnicos necesarios”. Acto seguido, el gobierno ecuatoriano ha dirigido su mirada a la energía termoeléctrica.

“Esta es la solución más rápida que tiene el país. Es decir, generar electricidad a partir de diésel, gas o derivados del petróleo. De manera similar a todos los generadores que ahora tienen muchos negocios en el país. Hasta que no apostemos por este enfoque, seguiremos dependiendo de la compra de electricidad a Colombia, país que ha llegado a vendernos el kilovatio hasta en US$ 0,60”, explica Jaramillo.

Estos altos costos ilustran la persistente dependencia de Ecuador a las centrales hidroeléctricas. En contraste, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el país posee actualmente la sexta matriz eléctrica más limpia del mundo: un 68% de energía proviene de fuentes hidráulicas, pero también un 30% lo aporta el parque térmico. El 1,1% restante se lo reparten los cogeneradores, así como las energías solar y eólica.

A nivel regional, esta tendencia se replica en otros países. De acuerdo a Medardo Cadena, asesor del Secretario Ejecutivo de la filial ecuatoriana de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), las fuentes hídricas generan casi un 50% de la energía en América Latina y solo se ha utilizado apenas el 29% de los recursos disponibles. Sin embargo, esto no ha sido excusa para que muchos países diversifiquen su matriz energética con éxito.

“Perú tiene una riqueza importante en la provisión de gas natural y eso es una base de sustento térmico que contribuye definitivamente a cuando el país enfrenta situaciones de sequía extrema. Ahora, también hay países que se anticiparon en la incorporación de energías renovables. Se me ocurre el caso de Uruguay, cuya matriz se basa en generadores eólicos y biomasa”, declaró Cadena a AméricaEconomía, en el marco de la EXPO Internacional del Sector Eléctrico PECIER-FISE en Lima.

Según Cadena, Uruguay, al igual que Chile, recurrió a las energías alternativas, porque no tenían yacimientos importantes de hidrocarburos. Además, sus gobiernos comprendieron el riesgo de confiar en los precios volátiles del petróleo y el gas natural. “¿Qué pasó con Chile en el momento que Argentina suspendió las exportaciones de gas natural? Eso marcó un golpe fuerte en su historia energética, así que comenzaron a explotar el hecho de contar con la radiación solar más alta del mundo”, agregó Cadena.

Asimismo, el representante de la OLADE señala que la integración energética entre países es sumamente importante para evitar déficits. En ese sentido, Argentina y Uruguay mantienen una relación sólida, mediante la cual Buenos Aires aporta gas natural y Montevideo, energía eólica. Cadena sostiene que Ecuador debería estrechar sus vínculos con Perú para obtener mayores aportes energéticos.

“Si hubiera existido la interconexión entre ambos países, que actualmente se está construyendo y estaría operativa en 2027, hubiera existido la posibilidad de utilizar y aprovechar la complementariedad hidrológica que tienen Ecuador y Perú”, afirma el vocero. Cadena se refiere a la Declaración de Lima, documento suscrito en octubre de 2022 que apoya decididamente el proyecto de Interconexión Perú-Ecuador de 500 kilovoltios (kV), entre otras iniciativas en favor del desarrollo energético regional.

EL FIN DEL SUBSIDIO A LAS MINERAS

El último anuncio importante del gobierno ecuatoriano se dio el pasado 15 de octubre, cuando el presidente Noboa informó que el subsidio a la electricidad para las mineras quedaba cancelado. “Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aun así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado”, declaró el mandatario.

Hasta entonces, la mina de cobre Mirador, administrada por por la empresa de capitales chinos Ecuacorriente y la mina de oro Fruta del Norte, operadora por una subsidiaria de la canadiense Lundin Gold, pagaban entre US$ 0,054 y US$ 0,081 por kilovatio hora, según el horario de consumo.

Como estas empresas realizaron inversiones costosas en infraestructura de cableado de alto voltaje para operar sus cámaras de transformación, el Estado ecuatoriano decidió darles un subsidio especial. Esto explica, porque ambas mineras de capital extranjero pagaban tarifas eléctricas bajas en comparación a los US$ 0,10, desembolsados por los consumidores residenciales, que reciben la energía de líneas de bajo y medio voltaje.

Poco antes del fin de los subsidios, Jorge Luis Hidalgo opinó lo siguiente: “Este país regala la energía a las grandes mineras y no es poca cosa lo que consumen: una sola empresa consume el equivalente a 250.000 hogares o una población de un millón de habitantes. ¿Cómo cree que una familia que vio quebrar su negocio por los daños de sus equipos eléctricos se siente frente a esta situación?, cuestionó Hidalgo.

Fuente: America Economia