La transición hacia una matriz energética más limpia no solo debe centrarse en la descarbonización, sino en garantizar que el proceso sea justo y equitativo para todas las comunidades involucradas. Así lo plantea Tomás Ariztía, investigador de SERC Chile y académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, quien explica que el concepto de “transición justa” se basa en tres dimensiones fundamentales: distributiva, procesual y de reconocimiento.

La transición energética justa busca equilibrar los impactos sociales y ambientales generados por la descarbonización, asegurando que “los costos y beneficios se gestionen de manera equitativa en todas las áreas relacionadas con la energía”, explicó Ariztía.

Una dimensión distributiva se enfoca en la equitativa distribución de los costos y beneficios asociados a la transición energética; una procesual, examina cómo se gestionan estas desigualdades en el marco de las transiciones energéticas; y una de reconocimiento, respeta diversas formas de entender y concebir el cambio ambiental asociado a la transición.

“Originalmente, esta idea surgió de movimientos sindicales que enfrentaron las consecuencias de la descarbonización, pero hoy en día se utiliza para hablar de la gestión justa de los impactos de la transición energética”, añadió el investigador.

Reto

Un reto clave de la transición energética es cómo gestionar las desigualdades que surgen entre quienes asumen los costos y quienes se benefician. Ariztía destacó que “estos costos y beneficios generalmente se desarrollan desterritorializadamente”, lo que significa que las comunidades donde se instalan las nuevas tecnologías no siempre se benefician de ellas, mientras otros actores a nivel global sí lo hacen.

Para que este proceso sea realmente justo, es necesario que las políticas públicas no solo promuevan la descarbonización, sino que también integren principios de justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento.

En Chile, SERC Chile está realizando investigaciones sobre los impactos sociales y ambientales de proyectos de hidrógeno verde y plantas solares a gran escala. “Nos interesa entender cómo estos desarrollos afectan a las comunidades y el medio ambiente, qué fricciones generan y cómo abordarlas desde una perspectiva de transición justa”, comentó Ariztía.

Este enfoque busca asegurar que los beneficios de la transición energética no queden en manos de unos pocos, sino que también incluyan a las comunidades que históricamente han sido excluidas del desarrollo energético.

Finalmente, Ariztía subrayó la importancia de identificar y gestionar las inequidades que puedan surgir en el proceso de descarbonización. La transición energética debe ser una oportunidad para avanzar hacia un futuro más limpio, pero también más justo y equitativo, donde los beneficios se distribuyan de manera inclusiva y los costos no recaigan en los sectores más vulnerables.

Fuente: EI