El colectivo YASunidos presentó un informe con medidas económicas de corto y largo plazo que generarían recursos para sustituir los ingresos del bloque 43 -ITT-, cuyo cierre debería concretarse el próximo 31 de agosto, al cumplirse un año de la proclamación de resultados de la consulta popular del 2023.
Las medidas fueron elaboradas por más de 20 economistas del país, que fueron recopiladas por YASunidos y presentadas este lunes 12 de agosto.
Se plantean al menos seis alternativas fiscales en materia tributaria, por las cuales se prevé una recaudación de $ 1.775,71 millones. El economista Mateo Villalva, exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y docente universitario, explicó que el país requiere un consenso nacional para lograr “un pacto tributario”.
Villalva expuso las seis medidas de corte tributario:
Reducir la brecha tributaria en al menos 10 %, lo que generaría $ 379,30 millones. Reducción parcial del gasto tributario en los impuestos al valor agregado (IVA) y a la salida de divisas (ISD) para generar $ 641 millones (protegiendo a grupos vulnerables). Impuesto al patrimonio permanente a sociedades y personas naturales, que significaría recaudar $ 321,60 millones (dedicado a grandes capitales). Incremento al impuesto a la renta de grupos económicos, $ 211,56 millones. Focalización parcial al subsidio del gas de uso doméstico: $ 100,25 millones. Impuesto vehicular, $ 122 millones. Villalba reconoció que el tema será complejo de acordar debido a las disputas de los grupos políticos.
Sin embargo, insistió en que es necesario hablar de estas medidas, aún más si se toma en cuenta que dentro del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se contempla la aprobación de una reforma tributaria.
Por otro lado, el economista y docente universitario Carlos Larrea explicó que, según estudios especializados, al Ecuador le quedan alrededor de seis años para continuar como un país exportador de petróleo, ya que las reservas se están agotando y el Estado no está discutiendo una política posextractivista.
En ese sentido, señaló que el ITT “está en proceso de declinación”. El problema de fondo, dice Larrea, es que ese bloque petrolero no es rentable a largo plazo. Y se requiere de una millonaria inversión en otros campos para levantar la producción petrolera.
El experto señaló que Ecuador debería inspirarse en el caso de Costa Rica y apostar por potenciar otros sectores para apuntalar la economía, como el turismo, agroecología, energías renovables, entre otras. Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, ratificó que el 31 de agosto vence el plazo para que el Gobierno cumpla con el cierre definitivo del bloque 43, así como con el retiro de las plataformas. No obstante, dijo que el Ejecutivo no ha presentado hasta el momento ningún plan de cierre ni presupuesto del costo del retiro.
Bermeo afirmó que la sentencia de la Corte Constitucional es clara en cuanto al plazo, ya que habla de días término por lo que el plazo concluye el próximo 31 de agosto. También indicó que el colectivo ha presentado once pedidos a la Corte para que haga seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Y señaló que YASunidos irá “hasta las últimas consecuencias”, puesto que el no cumplimiento del dictamen puede llevar a sanciones como la destitución de las autoridades, recordó.
Menos incentivos tributarios La propuesta de reducir el gasto tributario se sustenta en que en el 2022 este alcanzó los $ 5.151,80 millones y se concentró en incentivos y beneficios otorgados en el IVA y en el impuesto a la renta. “Hay una importante porción del gasto tributario en IVA establecido en beneficios que otorgan su devolución. Si bien la idea detrás de las devoluciones es válida, es muy difícil controlar que se esté ejecutando de manera correcta” y “en cada reforma tributaria los grupos económicos con poder abusan de su influencia sobre el poder político para incluir deducciones y exoneraciones”. Además de la reducción del pago de impuesto a la renta por el crédito tributario por sus pagos en el ISD. Por ello se plantea eliminar ciertas exoneraciones, deducciones e incentivos, lo que representaría recursos por más de $ 641 millones anuales.
Impuesto al patrimonio permanente Este tipo de impuesto se ha aplicado como una contribución única y ahora la propuesta es que sea permanente tanto para personas naturales como para empresas.
Se estima que un impuesto patrimonial permanente para grandes empresas con patrimonios netos iguales o mayores a $ 5 millones con una tarifa de 0,5 % generaría ingresos fiscales por $ 231,6 millones cada año. Y en el caso de personas naturales se podría establecer un impuesto a patrimonios iguales o mayores a $ 1 millón con una tarifa de 0,4 % que generaría unos $ 90 millones anuales al fisco.
Mayor impuesto a la renta a grupos económicos Una de las alternativas que presentó YASunidos es que suba el impuesto a la renta del 25 % al 28 % para los 302 grandes grupos económicos y menciona a Banco Pichincha, Corporación Favorita, Juan Eljuri, Banco Guayaquil, El Rosado, y argumenta el principio de progresividad en la tributación.
El colectivo toma en cuenta el año 2019 como referencia (no del 2020 por ser atípico) para mostrar que el impuesto a la renta causado fue de $ 1.763 millones y al subir la tarifa al 28 % para esas empresas, la recaudación se incrementaría en más de $ 210 millones anuales.
Focalizar subsidio al gas Otra de las propuestas es que el Gobierno contemple una focalización del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico para reducirlo para los mayores consumidores, sin afectar a hogares que mantengan un uso más moderado.
Los datos mostrados indican que cada hogar utiliza un promedio de 16 tanques de gas anuales o 1,33 por mes. Si el subsidio se mantiene solo para el consumo de un tanque de gas por mes por hogar, “esto le podría ahorrar al Estado alrededor de $ 100 millones anuales. Esta focalización debería estar acompañada por medidas como retomar el programa de cocinas de inducción que aporten a reducir la demanda del GLP y la conversión hacia fuentes de energía renovables”
Fuente: El Universo