Ecuador, conocido por ser el sexto productor de petróleo en Suramérica, se enfrenta a un momento crucial en su industria petrolera. Con una producción que ha disminuido de 560.000 barriles diarios en 2014 a 486.000 en la actualidad, el país se encuentra debatiendo el retorno a los contratos de participación como una medida vital para fortalecer uno de los pilares fundamentales de su economía.

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Tras un plebiscito que resultó en el cierre del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos más productivos del país, se ha generado un precedente negativo en la industria. Con el 80 % de la producción en manos de Petroecuador y el 20 % restante en empresas privadas bajo contratos de servicios con el Estado, la discusión se centra en la viabilidad de los contratos de participación en un contexto de déficit significativo en las cuentas públicas.

Los contratos de participación han resurgido como una opción atractiva para los inversionistas internacionales y el Gobierno, en medio de llamados a diversificar la matriz productiva y liberar las rigideces del sector privado. Este modelo contractual, que implica que el Estado se quede con al menos el 50 % de las utilidades, busca garantizar ingresos petroleros sin la necesidad de invertir en exploración y explotación, al tiempo que fomenta una mayor eficiencia y financiación externa para la industria.

Con la posibilidad de un nuevo enfoque en la delegación de campos petroleros a empresas privadas, se plantea un escenario donde la colaboración entre el Estado y el sector privado podría ser clave para impulsar la producción y mantener la sostenibilidad económica del país. Es crucial encontrar un equilibrio que garantice los intereses tanto del Estado como de las compañías privadas en este nuevo capítulo de la industria petrolera ecuatoriana.

Fuente: Latam Mining