En 2019, el gobierno de Martín Vizcara concesionó por 20 años la distribución del gas en Tumbes a la empresa Clean Energy, que ese mismo año traspasó la tarea al grupo Gas Natural de Tumbes S.A.C. El compromiso era conectar, con US$25 millones, a 16.578 clientes residenciales en las ciudades de Tumbes, Corrales, La Cruz y Zarumilla entre 2022-2030.

La pandemia complicó las inversiones conexas al proyecto. Llegó el 15 de enero del 2022, fecha límite para la Puesta de Operación Comercial (POC), y no se tenía nada listo. Desde ahí, Minem inició un proceso de resolución de contrato que incluso fue ventilado ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Eduardo Guevara fue el viceministro de Hidrocarburos de esa época. El socio de CMS Grau refiere que el plan era traer el gas desde Talara (Piura) por camión o ducto, o aprovechar el potencial de los lotes tumbesinos Z-1 (Vigo) o XXIII (Upland).

Ahora, explica, el Gobierno deberá elegir si vuelve a licitar o aplica “un esquema similar al de las regiones del sur del país, donde se masifica con el FISE”. Para el exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos Erick García, el Estado debe cofinanciar las redes. El experto sostiene que Tumbes ejemplifica el “fracaso” de aplicar modelos de autosostenibilidad plena, donde la demanda no cierra los costos del concesionario.

La diferencia es abismal con Piura. A través de Gases del Norte del Perú, la colombiana Promigás tomó la región también en 2019 y la POC se completó en 2022, según los plazos del contrato. Hoy tienen más de 27.000 hogares conectados, muy por encima (220%) de la meta contractual que corresponde a este año de operación. Ahora, ven con interés asumir Tumbes.

Sin embargo, el gerente general de Promigás, Miguel Maal, explica que la concesión sería inviable sin una tarifa nivelada a nivel nacional —hoy en controversia en el Congreso— que permita el desarrollo sostenible de las redes residenciales.

Se calcula que la infraestructura de distribución necesaria para atender a 5 millones de nuevos hogares peruanos asciende a US$6.000 millones, y de ahí su urgencia.

Fuente: La Republica