Un nuevo frente de conflicto se abre entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la Nación. Esta vez por la crisis del sector energético y la decisión de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) de embargar a las cooperativas y distribuidoras bonaerenses para reclamar una deuda por unos $60 mil millones. Cammesa es una empresa estatal, pero funciona como intermediaria comercial al cobrarle a las distribuidoras y pagarle a los generadores. En el caso de la energía eléctrica, son las provincias las que cobran la tarifa. El Estado Nacional sólo fija los valores de Edenor y Edesur para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como en términos reales las tarifas se mantuvieron atrasadas en los últimos años, las distribuidoras dejaron de pagar (o lo hicieron solo parcialmente) a Cammesa y eso les permitió solventar gran parte de sus costos. Pero a la par se generó una deuda que, a nivel país, suma $490.925 millones a febrero de 2024 y donde Edenor y Edesur concentran aproximadamente el 41% de esa cifra. “Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido embargar a pequeñas cooperativas de la provincia, las cuales representan el 12% de la deuda total, mientras que no se realiza medida alguna contra las distribuidoras federales, mostrando una clara discriminación hacia los usuarios y usuarias bonaerenses”, acusaron en la Provincia poco después de que el gobernador, Axel Kicillof, encabezara una reunión con representantes de las cooperativas de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate, afectadas por los embargos. “El escenario actual por parte de las distribuidoras y cooperativas es de un alto nivel de endeudamiento”, reconocieron en la administración bonaerense y que “esta situación las pone en estado crítico, ya que el nuevo gobierno nacional inició acciones judiciales que derivaron en el embargo de las cuentas de nueve cooperativas provinciales”.

Lo que la Provincia quiere “evitar es que se ponga en riesgo el servicio público eléctrico”. Y en ese marco, el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni firmaron un convenio con las compañías eléctricas “para establecer un mecanismo de seguimiento sobre las acciones del Estado Nacional”. Por su parte, las cooperativas se comprometieron “a generar los mecanismos de contención necesarios para evitar el corte del suministro a aquellos usuarios de menores recursos que se vean afectados por la política de quita de subsidios que está aplicando el gobierno nacional”, advirtieron en la Provincia y agregaron que también la Defensoría del Pueblo presentó una demanda para que Cammesa y las cooperativas bonaerenses garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio, mientras se solicitó que Cammesa “se abstenga” de reclamar el pago judicial de la energía suministrada a las cooperativas demandadas, “manteniendo el normal y regular despacho de energía”.

Además de cobrarle a las distribuidoras, Cammesa les paga a las generadoras de energía, tanto de gas como de electricidad, sumas mucho más elevadas que las que pretende cobrar vía embargo. Aunque es cierto que la compañía administradora también dejó de transferir fondos a las empresas. En ese sentido, transportadoras como Transener empezaron a advertir ayer que la mora de Cammesa pone en riesgo el pago de obligaciones y salarios de marzo. Pero lo interpretaron como el eslabón de una cadena en la que también está “la deuda que las distribuidoras mantienen con el sector mayorista y la falta de aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados”. En medio de esta crisis, el Gobierno avanza en la reconversión de la administradora, con la idea de que sólo se encargue de despachar energía y deje de comprar el suministro a las generadoras para vendérselo a las distribuidoras. Además, se busca que deje de depender de la Secretaría de Energía, donde se proponen ordenar un sector que, insisten, “está al borde del colapso”.

Fuente: El Dia