Entre las consecuencias más importantes de la situación, destacaron que el gas robado a Pemex es manejado por personas sin conocimiento ni capacitación especializada, incrementando la posibilidad de accidentes fatales y pérdida de vidas.

Según la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), la de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), la de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas) y la Cámara Regional del Gas LP, la mayor parte de la distribución del GAS LP robado se hace utilizando autotanques, camionetas de recipientes portátiles, cilindros y transportes que han sido robados a los distribuidores formales y posteriormente son clonados.

Además, en los grandes centros de consumo, es frecuente el control territorial de grupos de choque y la imposición de condiciones de venta abusivas, que afectan a la población. Con ello, la presencia de grupos delincuenciales en barrios y colonias incrementa la existencia de acciones ilícitas, ampliando el número de delitos.

Y con ello hay una creciente participación de grupos de choque que amenazan y extorsionan a comercios establecidos, obligándolos a comprar el gas ilícito. En tanto, la violencia física y agresiones a choferes repartidores y concesionarios que distribuyen en las zonas populares de centros urbanos, son cada día más frecuentes.

“Es grave el daño a las instalaciones, ductos y finanzas de Pemex, a quien roban su patrimonio y crean situaciones de alta peligrosidad como las que desafortunadamente se han presentado ocasionando explosiones y decenas de heridos y muertes”, expusieron los empresarios, “el clima de inseguridad, incertidumbre y de falta de respeto a la ley, crea en todos los niveles de la sociedad angustia e impotencia”. México produce el 40% e importa el 60% del gas LP que se consume, por lo que la escalada internacional de precios del energético ha impactado en los precios en el país y en el resto del mundo.

En octubre del año pasado, los industriales del gas LP consideraron que estos precios aumentarían durante el invierno y a lo largo del 2022, razón por la cual consideraron urgente definir una “estrategia integral efectiva” que contemple los precios de Pemex, precios de venta al público y los costos reales de la distribución, se requiere de un modelo que sea sostenible, con apego a la realidad económica y que garantice el abasto a la población mexicana.

Para ello, a decir de los empresarios, el modelo económico de precios máximos que establece la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras.

A la vez, aseguraron que es necesario realizar operativos para combatir la distribución ilícita que opera con absoluta libertad, construir un modelo económico y operativo con bases realistas y fundamentalmente brindar las condiciones de certeza jurídica y certeza económica que fomenten la actividad económica y el empleo.

Fuente: El Economista