«negó el derecho de Pdvsa a solicitar la restitución de los activos confiscados, debido a la cleptocracia venezolana».

En ese sentido, explicó a través de su cuenta en la red social Twitter que según el dictamen legal, Pdvsa «estuvo involucrada en una conducta ilegal generalizada, constante y consistente».

Hernández manifestó que en la práctica, «esto lo que significa es que para el Departamento de Justicia y el Poder Judicial en EE.UU., Pdvsa fue un instrumento para adelantar actividades económicas criminales, en especial, relacionadas con el control de cambio».

«Ello afecta sensiblemente el futuro de Pdvsa», agregó al tiempo que destacó que «esta sentencia demuestra que las sanciones impuestas por el Gobierno de EE.UU. no son la limitación más vinculante» para la estatal petrolera venezolana.

Acotó que «la ‘sombra de criminalidad’ que pesa sobre Pdvsa es una restricción determinante para sus operaciones en EE.UU.».

Fuente: FinanzasDigital