La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, manifestó que el gran desafío del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, será promulgar el proyecto de ley que permita a la Contraloría General de la República,
auditar los gastos de las binacionales sea Itaipú o Yacyretá.

“Aprobamos que la Contraloría pueda ingresar sin ningún tipo de licencia especial, autorización o permiso a las binacionales para auditar, esto está establecido en la Constitución Nacional desde el año 1992, pero a través de falacias así como de las interpretaciones que son absolutamente cegadas y lo que hace preservar para la claque todo los recursos de las binacionales”, sostuvo.

Agregó que Paraguay tiene la potestad a través del organismo de control que pueda auditar su participación en empresas multinacionales. “Acá el gran desafío es que Abdo Benítez promulgue la ley. Itaipú y Yacyretá son binacionales, entonces se puede entrar, parece que nunca se leyeron los artículos 283 y 284 así como los incisos 1 y 4″, afirmó.

Dos auditorías anuales, financiera y de obras

El proyecto de ley establece que la Contraloría realizará el control, la vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes, y el patrimonio. En otro punto se establece que la institución dictará una resolución en la cual establece los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación; los cuales deberán prever, al menos dos auditorías anuales, una financiera y otra de obras debiendo elevar inmediatamente los informes y resultados a ambas Cámaras del Legislativo.

Plazo establecido para remitir informes

Los titulares remitirán en un plazo de 40 horas de recepcionado el informe de la Contraloría a las comisiones que posean función técnica y contralora para su análisis correspondiente.

Por otra parte, refiere que en el caso de que las binacionales no remitan las documentaciones requeridas en el plazo, la Contraloría solicitará a intervención judicial pudiendo incluso pedir órdenes de allanamiento con ayuda de la Policía, para poder acceder a los registros.

Fuente: La Nación