Cuando faltan tan sólo 20 días para el vencimiento de la Ley de Biocombustibles, el oficialismo presentó finalmente en la Cámara de Diputados un proyecto para regular la producción, comercialización y mezcla de bioetanol y biodiesel.

La nueva normativa pone el foco en la producción nacional para la sustitución importaciones "con la finalidad de evitar la salida de divisas" y prohíbe que las empresas petroleras sean a la vez productoras de biocombustibles.

Mientras la oposición insiste con prorrogar la ley vigente, que vence el 12 de mayo próximo, el bloque del Frente de Todos busca llevar al recinto lo antes posible la iniciativa del diputado Marcos Cleri. La tarea no será fácil debido a que tienen menos de tres semanas para que sea tratada en ambas cámaras del Congreso.

Si bien hace un mes el legislador oficialista y el secretario de Energía, Darío Martínez, acercaron un borrador a los integrantes de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, con el correr de los días el texto sufrió varias modificaciones.

Uno de los puntos que al final quedó fuera del proyecto presentado es el referido a las pymes del sector, a las que se buscaba favorecer específicamente. Tras varios cuestionamientos por parte de las empresas productoras de biocombustibles, el oficialismo resolvió no detenerse en el tamaño de las empresas productoras de bioetanol y biodiesel.

La única especificación en este sentido es que las compañías que produzcan hidrocarburos no podrán "ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles".

Qué dice el proyecto de la nueva ley de Biocombustibles La iniciativa establece que la nafta que se venda en el país deberá cumplir con un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol, y el gasoil tendrá al menos 5% de biodiésel.

El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). En caso de aprobarse, la norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y el Poder Ejecutivo Nacional podrá extenderla por 5 años más, por única vez. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía.

Otra de las cuestiones centrales del proyecto es que para incrementar la producción nacional de biocombustibles se establece un régimen de “sustitución de importaciones”.

"De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo", indica el artículo 16.

La iniciativa "incluye medidas que intentan brindar estabilidad a largo plazo a los operadores del sector" y tiene el objetivo de "maximizar el potencial de la Argentina en términos de productividad y generación de riqueza genuina".

"Buscamos lograr que la demanda de los combustibles se vea beneficiada tanto por la oferta de biocombustibles originados en producción primaria de origen nacional, como por la diversificación de la oferta", se afirma en los fundamentos de la norma. La diputada oficialista Carolina Moisés, quien es coautora de la iniciativa junto a Cleri y el titular de la comisión de Energía y Combustibles,

Omar Félix, destacó que “este proyecto fue elaborado atendiendo las demandas y propuestas de los principales actores de la cadena de valor de las bioenergías y contemplando las necesidades de la economía nacional para maximizar el potencial de la Argentina en términos de productividad y generación de riqueza genuina”.

Una de las curiosidades del proyecto que impulsa Cleri y que cuenta con el respaldo del titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, es que lleva la firma del legislador de Juntos por el Cambio Domingo Amaya, quien hasta hace dos días reclamaba que se prorrogue la ley actual.

Fuentes del interbloque señalaron que la decisión del diputado tucumano de acompañar la iniciativa se basa en que "consiguió un tratamiento diferencial y más favorable para el bioetanol" y "Tucumán va más por el bioetanol que usa como insumo la caña de azúcar". "Este tema es una cuestión transversal.

Cada provincia defiende su economía regional", agregó un legislador de la coalición opositora. Horas antes de que se presentara el proyecto, en el interbloque de diputados de la principal fuerza opositora realizaron un primer análisis del borrador bajo el lema "¿Por qué no se debe acompañar el proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por el diputado nacional Marcos Cleri?", en el que plantean una serie de críticas al texto.

Uno de los cuestionamientos es que "reduce el porcentaje de mezclas obligatorias entre combustibles minerales y biocombustibles del 10 y 12 % actual, al 5 y 10 % en biodiesel y bioetanol respectivamente, en abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley N° 27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental N° 25.675".

En la alianza opositora también objetan que se "otorga amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación" y se le da "un tratamiento relativo perjudicial al bioetanol de maíz, en relación al bioetanol de caña de azúcar, el que solo encuentra fundamentos en prejuicios ideológicos, e impacta negativamente particularmente en la Región Centro del país".

Fuente: BAE