La discusión de este lunes, que duró tres horas y media, logró que se admitieran únicamente reservas para eliminar las modificaciones propuestas para los Artículos 56, relativo a la facultad de las autoridades energéticas para revocar un permiso ya que no cuentan con facultades para determinar un ilícito porque esto corresponde a los responsables de la seguridad según el Código Penal, además del Artículo 86, en el mismo sentido para la suspensión de permisos.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que si no se modifican por lo menos estas propuestas, la nueva Ley tendrá recibirá recursos de inconstitucionalidad, por violar derechos adquiridos de los permisionarios. Por su parte, Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía por parte de Morena, dijo que la iniciativa no pretende expropiar sino cuidar la seguridad nacional además de la economía de los mexicanos en un entorno de competencia real entre los participantes del mercado de combustibles.

IMEF ve presión para Pemex

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseveró que la aprobación de los cambios representará un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos, ya que contiene elementos que elevarán los costos de todas las actividades de la cadena de valor de los combustibles en el país, elevando a su vez la presión sobre Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para el IMEF, el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país.

Además, la inclusión de la negativa ficta para las solicitudes de los permisos podría desincentivar a la autoridad para atenderlos en tiempo y forma. “Ello aumenta la incertidumbre respecto a la viabilidad de las inversiones si estas pueden ser detenidas simplemente por un proceso administrativo lento, y no por razones de fondo que sean debidamente comunicadas a los solicitantes”.

Fuente: El Economista