Las decisiones del Poder Ejecutivo sobre los combustibles indican que “el objetivo final es demostrar que ́Ancap no está en condiciones de poder continuar la producción de refinados y busquemos la importación ́”, avisó en INFO24 el director en representación del Frente Amplio, Walter Sosa.
Los cambios normativos y metodológicos aplicados por el Poder Ejecutivo para adaptar los precios al público de los combustibles a unos hipotéticos ́precios de paridad de importación ́, han sido rechazados por el directorio de Ancap en más de una oportunidad porque “tanto la metodología como los valores tienen inexactitudes, errores conceptuales y por lo tanto son irreales y subvaluados, lo que estaría determinando caprichosamente una pérdida para Ancap de 100 millones de dólares al año”, advirtió Sosa.

“Aquí se está tratando de hacer creer a la población que ́si Ancap no llega a los precios eficientes es porque es ineficiente ́, y nosotros decimos que es bueno tener una medida de eficiencia pero que estos valores están mal calculados” por la Ursea, organismo que “desestimó nuestros recursos”.

Esa desestimación, por Ursea y el Ejecutivo, de dos recursos revocatorios interpuestos por el directorio del ente a los cálculos de la paridad, tendría el propósito de que “no haya contradicciones entre el informe de Ancap y el de Ursea para facilitarle al Poder Ejecutivo tomar una decisión al respecto, pero esa es una decisión política que debe tomar el Ejecutivo, no Ancap”.

Por otro lado, lamentó el director frenteamplista, “en la difícil y compleja situación económica que está padeciendo Ancap”, el directorio “solicitó autorización al Poder Ejecutivo para obtener un préstamo de 40 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, que casualmente coincide, aproximadamente, con lo que la empresa redujo sus ingresos en el mes de abril del año pasado con el aumento del Imesi”. A este incremento “lo tuvo que absorber Ancap y le ocasionó una pérdida de 38 millones de dólares”.

“Estoy observando una destrucción de la caja de Ancap”, advirtió Sosa, porque “al comienzo del 2020 se contaba con una disponibilidad de 193 millones de dólares que dejó la anterior administración, y al final del año llegamos a 108 millones. Así que perdimos 85 millones de dólares” entre aquel aumento y el del precio del dólar en los primeros meses de 2020. v“Y ahora, si el préstamo se efectiviza en dólares, nos va a impactar aumentando las tasas de interés porque cuando un banco presta, ve la situación económica del que va recibir” el crédito, “entonces las tasas suben y nos hacen una mayor exposición al dólar de la que ya tenemos”. “Recordemos que el 36% de los ingresos de Ancap se van en las compras de crudo”, que implican “más o menos 64% de costos operativos”.

Lo explicado por Sosa, más otras decisiones del Poder Ejecutivo referidas a Ancap y a los combustibles, configuran una orientación nítida del gobierno.f “Recordemos que la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) partió de la idea de desmonopolización” del mercado de combustibles, y si bien en principio “no hubo acuerdo dentro de la coalición de gobierno” y éste optó por “otro camino, (…) la dirección es la misma” que en la LUC.

En ese sentido reseñó “la situación financiera compleja” de la petrolera; “la venta de activos” como “Gasur”; “una menor participación de Ducsa”; “el desprendimiento de alguna planta vinculada al cemento”; que “se restringe a Ancap a que se dedique solamente a la refinación” y además el Ejecutivo le transmite al Parlamento que “quizás no sea tan importante la refinación porque tenemos en el mundo mucha liquidez de refinado”. Así “parece que el objetivo final es demostrar que ́Ancap no está en condiciones de poder continuar la producción de refinados y busquemos la importación ́”, anotó.

“Todo esto para beneficiar a un pequeño sector de la sociedad, que no digo que no sea importante, que está vinculado al tema del gasoil”, en tanto que “la promesa de bajar los combustibles ha sido incumplida en enero, el único combustible que han podido sostener fue el gasoil y ahora, para tratar de continuar en esa línea, pretenden cerrar la planta de biodiesel” de Alur. “Cada paso es como un elefante en un bazar, se destroza una cantidad de inversiones (…) con tal de mantener ese objetivo”, graficó.

A lo largo de la cadena productiva de esa planta de Capurro, “en total”, entre “puestos de trabajo directos e indirectos hay aproximadamente unas 1.000 personas”, siendo “muchos actores y trabajadores vinculados a ese proceso” productivo del biodiesel, entre otros activos e intangibles como “la tecnología”, el conocimiento y “la formación” de la fuerza de trabajo.

“Además tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Se calcula que el porcentaje de mezcla, que ahora está en (…) un 5,3% en el gasoil, implica una reducción de 73.000 toneladas de anhídrido carbónico al año”, destacó.

Fuente: M24