eliminará la competencia en el sector y retrasará a México en la transición a las energías limpias, aseguró BBVA México.
En un informe, la institución consideró que la iniciativa solamente da prioridad a la generación de energía de la empresa productiva del Estado sobre alternativas menos costosas en términos económicos y ambientales.
El 29 de enero, Presidencia envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que tiene como principal objetivo fortalecer a la CFE en detrimento de los privados que habían decidido invertir en el país, bajo una serie de reglas preestablecidas.
“La estrategia para dicho objetivo no plantea una mayor inversión que eficientice los procesos de la CFE, empresa que tuvo pérdidas por más de 60 mil millones de pesos en los primeros 3 meses de 2020, ni para disminuir sus costos o aumentar las alternativas de energías renovables; sino que plantea que se le otorgue preferencia sobre opciones más eficientes en términos económicos y ecológicos”, dijo BBVA.
Detalló que parte de la justificación de esta decisión se basa en el compromiso de la actual administración de no incrementar tarifas y garantizar la seguridad energética pero si se da prioridad a la generación más costosa, la presión sobre las tarifas se incrementará o se presionarán las finanzas públicas.
“Incluso ambos escenarios son posibles. Esto contradice la intención de no aumentar las tarifas ni cargar a la Hacienda Pública mayores costos”, argumentó.
El banco precisó que la administración argumenta que no se debe de depender de las energías limpias ya que éstas pueden presentar problemas de intermitencia, sin embargo “esto es correcto” .
“Mientras más puntos haya para captar energía solar y eólica a lo largo del territorio, habrán menos situaciones de caída en la oferta. Para ello, es necesario que la CFE invierta en mejorar la red de transmisión para poder captar energías limpias desde más puntos”, enfatizó.
En lo que respecta a la competencia del sector energético, el banco consideró que la iniciativa atenta contra la competencia económica, no solo porque busca establecer una política energética que la misma Corte decidió que va en detrimento de la misma, sino que además la prelación no favorece la oferta más eficiente, sino que se impone a la CFE.
“De aprobarse, la Iniciativa disminuiría los incentivos a innovar para ser más eficientes, ya que eso no garantiza una mayor participación de mercado, ni sería redituable. Al mismo tiempo, el jugador dominante tendrá mayor poder de negociación tanto con clientes como con proveedores al tener asegurada su cuota de mercado. En otras palabras, no hay duda alguna de que la iniciativa otorga poder de mercado a la CFE”, aclaró.
Añadió que se trataría de un caso más en el que la política económica resulta en un cambio de reglas “ya iniciado el partido”, pues hay empresas privadas que invirtieron más de 40 mil millones de dólares bajo un esquema legal que se pretende cambiar y de que los contratos pueden no ser respetados.
“Todo esto resultaría en disminuciones adicionales en la inversión y, por tanto, en la tasa de crecimiento potencial y en un menor nivel de vida para los mexicanos, en particular a los de menos ingresos”, sostuvo.
Fuente: La Jornada