El desarrollo de una política de fomento de los biocombustibles es clave para sostener las economías regionales del país. Por eso, desde el Senado impulsé, junto a la senadora María de los Angeles Sacnun, la prórroga de la Ley 26.093 hasta el 2024. Es un compromiso con mi provincia y su esfuerzo por crecer.

El bioetanol es una fuente de recursos de energía, que también impacta en la salud, y desde ya en la economía, en el camino a un desarrollo socio-territorial más equilibrado en Argentina. Según los datos disponibles, la producción de alcohol de la molienda 2020 ronda los 540.000 m3, un volumen muy importante, a pesar de la caída de la demanda de combustibles por la pandemia y el congelamiento de su precio.

Sin embargo, la industria logró superar las primeras estimaciones de producción para atender las demandas tanto del deshidratado para la mezcla con naftas, como del hidratado.

El aporte más significativo del bioetanol de caña de azúcar es el sostenimiento de aproximadamente 60.500 empleos directos y 156.000 indirectos en el NOA, lo que constituye a ese sector en el principal empleador privado de la región. La segunda contribución es la diversificación productiva de la caña de azúcar.

Uno de los aspectos centrales de la posibilidad de desarrollo del bioetanol como alternativa y complemento con otros combustibles es la fijación de un precio que permita a la industria azucarera participar de manera sostenible.

La aprobación de la prórroga de la ley de biocombustibles por unanimidad en el Senado de la Nación, un hecho destacable, demuestra el consenso político de las provincias argentinas respecto de esa norma. En una de las últimas sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el proyecto logró la mayoría especial de 2/3 para ser tratada sobre tablas, otro hecho demostrativo de la amplia mayoría de adhesión a la prórroga.

Sin embargo, no llegó a tratarse. Y es urgente que eso ocurra. Desde la sanción de esta ley que crea el mercado de biocombustibles, se han concretado inversiones estimadas en U$S 3.000 millones, traducidas en 54 plantas industriales, en 10 provincias, que agregaron valor a la materia prima donde se produce, en zonas de baja o media industrialización.

Los argentinos y argentinas aprovechamos una oportunidad, inclusive antes que muchos otros países del mundo. Es esperable que las políticas virtuosas sean sostenidas y profundizadas.

Y el compromiso de los/as legisladores/ as a nivel nacional es impulsar que ello ocurra. La promoción de los biocombustibles es beneficiosa para el país: aporta a las economías regionales, complementa otras formas de energía y contribuye con el ambiente. No hay razones para no prorrogar la ley.

Los biocombustibles sustituyen la importación de naftas, cuidando las reservas de divisas del Estado nacional. Solo en 2019 el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por U$S 521 millones y el biodiesel ha realizado exportaciones por U$S 900 millones, es decir, un total de U$S 1.421 millones.

A pesar de ello, en 2019 fue necesario importar 520.000 m3 de naftas para satisfacer la demanda, lo que podría evitarse con la capacidad industrial instalada para producir el bioetanol que la sustituya. Incluso si se analiza que la tendencia mundial es la imposición de restricciones a los combustibles fósiles.

Según expertos, el Reino Unido anunció la prohibición de uso de gasolina en el 2030 y California, en 2035. Recientemente, Dinamarca puso fin a las exploraciones de petróleo y gas.
También es tiempo de uso creciente de los biocombustibles en países como Brasil, que desde hace tiempo promueve un corte de 27% de bioetanol en nafta, Estados Unidos e India (que anunció alcanzar el corte del 10% de etanol en nafta en 2022 y del 20% en 2030) y nuestro vecino Paraguay, que ya lo ubicó en un 25%.

Además de lo dicho hasta ahora Argentina se comprometió a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y los biocombustibles ayudan a ello. En 2005. en Kioto y luego el Acuerdo de París, ratificado por la ONU (2016), se dictaron leyes nacionales, Ley N° 27.270 (2016, por Acuerdo de París) y Ley N° 27.520 (2019, Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático), en este empeño, los biocombustibles son la vía más eficaz, ya que reducen entre el 70% y 80% los GEI de los fósiles.

El cuidado ambiental es una cuestión central, directamente relacionada con el cuidado de la salud de la población, y es precisamente la razón que está detrás de las medidas que en materia de combustibles vehiculares vienen adoptando muchos países del mundo.

Por ello sostengo que no hay razones para demorar la prórroga de la ley. Economía, cuidado del ambiente, salud y respuesta energética son argumentos de peso. (*) Senadora Nacional (FdT-Tucumán)

CEPREB “no admite más demoras

Todas las pymes nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) solicitan que la prórroga de la ley “sea tratada con suma urgencia, ya que por un lado, el sector necesita operar con previsibilidad, y por otro, ha demostrado una influencia positiva en aspectos socio- económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas”.

Quienes conforman la cámara, dijo ayer Cepreb en un comunicado, “no admiten más demoras, ya que entienden que el tratamiento de la prórroga de la Ley 26.093 -aprobada por unanimidad por el Senado- es imprescindible para la continuidad del sector y de los más de 10.000 puestos de trabajo”.

Fuente: El Economista