Las empresas que conforman la Cader se refieren a la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn cuando comenzaba el aislamiento preventivo, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar impuestos municipales que, según explican mediante un comunicado son “millones de pesos que no fueron previstos en sus propuestas de inversión”, algo que genera “serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector”.

El problema que se generó es que por con la ampliación del ejido urbano de la cuidad los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Así, aunque las energías renovables están exentas de algunas tasas, el Concejo resolvió aplicar una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, algo que pagan todas las empresas.

Este cambio, dice la Cámara, impactará en la proyección de negocio de los parques eólicos ya que un parque de potencia promedio (100 MW) “se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”. “Como Cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del ‘impuesto al viento’”, explica el comunicado. Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de la entidad señaló que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.

Un punto no menor es que por la Ley 27.191 los generadores de energía renovables tienen la posibilidad de trasladar al precio del producto cualquier impuesto, tasa o gravamen –nacional, provincial o municipal– que aparezca luego de la firma de los contratos. Esta especie de blindaje que en su momento estuvo amparado en la idea de la estabilidad para las inversiones hoy significaría que la tasa municipal se trasladará al valor con el que las empresas le venderán la energía a la red y, de ahí, a los consumidores.

“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó Alfonsín.

Hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos (Alfonsín) Para Cader, de prosperar la norma, Chubut avanzaría en “una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados”.

Además, Alfonsín detalló que desde el punto de vista jurídico el “impuesto al viento carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn”.

Ante esta situación, desde la cámara le reclaman al Gobierno Nacional que se involucre en la discusión. “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.

Ayer hubo un encuentro entre el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el tema fue parte de la agenda. La preocupación pasó por la posibilidad que las empresas comiencen un camino judicial, algo que desde Cader ya adelantaron que se encuentran en estudio.

“Estamos estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, expresaron.

Desde la entidad fueron terminantes y señalaron que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario, necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.

Alfonsín dejó un mensaje final al señalar que Cader “ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país”.

Fuente: BAE