El tema fue ampliamente abordado desde que se conoció gracias a una investigación del diario The Washington Post. El Poder Ejecutivo minimizó el asunto resaltando el hecho de que el acuerdo no se concretó. Con el doctor Eusebio Ramón Ayala repasamos algunos puntos claves de la trama.

–En una negociación bilateral entre estados, ¿cuándo se estila que debe haber de por medio un abogado y que, además, este represente a una de las partes, y deba cobrar una comisión por “mediar”?

–Bueno, eventualmente un Gobierno puede contratar como asesor a estudios jurídicos especializados, pero con unos honorarios razonables. Así como cuando se tienen que emitir bonos en el mercado de Nueva York, entonces hay estudios jurídicos especializados para realizar los trámites. Pero en este caso se trata de una deuda de Petropar con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, pero aparece un abogado argentino que había representado a un familiar del presidente. Entonces no estamos hablando de un abogado especializado para asesorar al Gobierno, sino que además se le debía pagar una comisión, no honorarios, por su gestión. Encima, esta no guarda proporción porcentual con el monto de la deuda o del ahorro que se iba a verificar para el país. Es muy suspicaz, muy sospechoso, para no decir algo más crudo.

–Tampoco cuadra, ¿para qué la parte proponente del acuerdo, Venezuela, contrata los servicios de un abogado, cuando sus términos son concesiones favorables a la contraparte?

–Es cierto. Pero además, nuestro país cuenta dentro de su staff de abogados en el sector público a profesionales con conocimiento suficiente de estos temas. Hablamos de los estudios jurídicos de Petropar, de la Procuraduría o la Cancillería. Es muy sospechoso, sobre todo porque no se encuentran los antecedentes y no se ha informado sobre esta posible negociación muy ventajosa para el Paraguay. Tuvo que estallar el tema a través de una investigación periodística para que nos enteremos, y como en el país ya hay un historial de negociaciones y acuerdos secretos y sospechosos, entonces, naturalmente la gente ya no confía en la gestión del Gobierno.

–Otro punto sobre este tema es el argumento de que no se concretó el arreglo sobre la deuda de PDVSA con el equipo de Guaidó, porque este no goza de la legitimación activa, según Juan Ernesto Villamayor, del Gabinete Civil de la Presidencia.

–Hay muchas versiones contradictorias en todo esto. Eso que señala es una de ellas. Además, si el jefe de Gabinete atendió a los que a impulso de Guaidó se presentaron en representación de la petrolera venezolana, lo hizo por orden del presidente de la República. Eso es categórico. De lo contrario, la gente de Guaidó hubiera ido a hablar sobre el arreglo con el presidente de Petropar, y este a su vez lo podría haber tratado con el presidente en la reunión del Consejo de Ministros. Pero esto fue en el Palacio Presidencial y en la residencia presidencial, según una entrevista en que vi al señor Javier Troconis, uno de los funcionarios a cargo de Guaidó.

–¿Asuntos de Estado como estos no deberían abordarse institucionalmente?

–Sí, y ese es el tema. Por eso es que hay sospechas de que so pretexto de un acuerdo oficial, siempre hay negocios particulares. Esto es un grave problema, porque eso mina la confianza. Los ciudadanos necesitan que el Ejecutivo transmita confianza. Cuando la pierde, es muy complicado, porque todo es sospechoso. Recordemos el acta de Itaipú, del 24 de mayo de 2019, entre Paraguay y Brasil. Y recientemente saltaron los casos del arreglo secreto de Petropar con Texos Oil SRL, el tema de IPS y la compra de un millonario sistema informático, pese a denunciarse irregularidades.

Es normal que la gente se plantee: “Nos enteramos de estos arreglos porque se filtraron”, y que especule respecto a cuántos otros asuntos se estarán negociando.

El Ejecutivo tiene que ser consciente de que no goza de credibilidad y que esto le exige más transparencia.

–¿Es una suerte de probemos, hasta que nos pillen…?

–Asimismo. Retroceden cuando algún periodista descubrió la situación o porque alguien de adentro filtró la información. No por los controles normales del poder. Cuando son descubiertos, entonces se empieza a analizar, a defender, y a anular. Pero advirtamos que se convierten en intentos fallidos, solo los casos que son pillados, ¿y el resto?

–Cuesta creer que dentro del Ejecutivo no tengan una lectura de lo que ocurre en la región , para que no hayan considerado el hecho de que Nicolás Maduro es quien lleva el gobierno efectivo en Caracas, y también el control fáctico de PDVSA. ¿Qué opina al respecto?

–Eso es evidente, y aún así exploraron otro camino. Guaidó y su gobierno se desmarcaron rápidamente del tema del arreglo. Eso también crea un manto de sospecha sobre sus colaboradores. Pero a quienes debemos exigir nosotros es a nuestras autoridades, de las que esperamos que actúen con transparencia e inteligencia. Estas deben sacarse el estigma de que siempre persiguen acuerdos secretos perjudiciales para el país y sacrificando las arcas del Estado por posibles negocios particulares. El enorme perjuicio que están causando por estas razones es imposible de cuantificar.

Es normal que se plantee: “Nos enteramos de estos arreglos porque se filtraron”, y que especule respecto a cuántos otros se estarán dando.

Hay un historial de negociaciones y acuerdos secretos y sospechosos. La gente ya no confía en la gestión del Gobierno.

Fuente: Última Hora