Entre los ítems estudiados, se encuentra la mezcla de biodiesel, importar el producto para abaratar el precio del gasoil, revisar la tasa de subsidio al boleto, que los precios al público se equiparen con los de importación, y que las estaciones de servicio puedan vender al público precios diferenciales.

El Poder Ejecutivo avaluará el diagnóstico y en enero enviará una propuesta al Parlamento, en base a este informe. En este sentido, el jerarca del ente indicó que el informe no sería de un «comité de expertos como se autodenominan (…) es un informe sesgado que responde a determinados intereses corporativos privados».

«Es una pena que Ancap no haya participado del mismo», acotó. Sosa explicó de que en una primera lectura llama la atención que el software que determina a las estaciones de qué plantas abastecerse de combustible, que en la actualidad se realiza a través de Ancap, se plantea en el documento del comité de expertos que lo realice un operador externo.

«Esto va a incrementar los costos del sistema porque ese operador va a necesitar infraestructura y va a cobrar», explicó. Este comité afirma que es importante mantener la optimización de cómo se distribuye el combustible, pero por otro lado ofrecen la posibilidad de que algunas estaciones de servicio puedan tener su autotransporte, «lo que está demostrado que va contra la optimización del sistema», sostuvo.

Además, Sosa manifestó que el informe propone eliminar las tarifas máximas, lo que va a generar que hallan precios diferentes en distintos puntos del país. «Esto está atado a que plantean reducir la cantidad de plantas de distribución que hoy están activas – sólo a dos – lo que hará es que el promedio de las distancias de las estaciones de servicio a una de esas dos plantas de distribución, van a ser mayores a las que hoy existen porque hoy tenemos más plantas», detalló el directivo de Ancap.

Si no hay tarifas máximas, los que estén más alejados de esas plantas de distribución van a tener tarifas superiores, añadió. Sin embargo, para concretar esta medida se plantea modificar el artículo 236 de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

«Si bien tienen claro hacia dónde quieren ir, el proceso es bastante improvisado», apuntó. En otro orden, Sosa dijo que este documento propone desprenderse de activos como la planta de producción de biodiesel de Capurro, lo que se traducirá en el balance de Ancap como pérdida, acota el desarrollo nacional y obliga a modificar la ley de biocombustibles.

Fuente: M 24