La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) desmintió enfáticamente versiones de que las plantas industriales de biodiésel se construyeron con subsidios, dado que nunca accedieron a ellos, y adhirió al pedido de las entidades sectoriales para que se restablezca prontamente el corte con biocombustibles en el mercado interno.
“Las afirmaciones de que las inversiones realizadas desde 2007 para construir las plantas productoras de biodiésel se hicieron con subsidios es una completa falacia,” dijo Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO.
Desde CARBIO enfatizaron que “la expansión del uso de biocombustibles en el mercado interno, que también dinamiza la industrialización de las cadenas agrícolas, determinó que en 2018 se realizara en Rosario un ensayo con ómnibus de pasajeros utilizando el ciento por ciento de biodiésel que, al resultar exitoso al comprobarse que no afecta el funcionamiento de los motores, desembocó en que más de 1.300 buses funcionen exclusivamente con biodiésel en Rosario, Santa Fe y otras ciudades de esa y otras provincias”.
Pusieron en consideración que “la mayor demanda por los biocombustibles a nivel mundial se debe a que reduce las emisiones de dióxido de carbono y humo (particulado), que provoca enfermedades respiratorias, en comparación con los hidrocarburos que reemplazan”.
Por otro lado, las empresas exportadoras, nucleadas en CARBIO, aclararon que no participan del sistema de cupos de ventas al mercado doméstico, regulado por la ley 26.093.
En ese sentido, CARBIO reiteró la “urgencia de avanzar en un nuevo proyecto de ley -el régimen vence en mayo de 2021-, en sintonía con el formulado en el ámbito de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que permita abastecer el mercado en un marco de libre competencia y contribuya con los beneficios medio ambientales y en la salud humana”.
Parálisis sectorial y empleos en riesgo Una semana atrás, otras entidades del mismo sector reclamaron que se cumpla el corte obligatorio. “Resulta inentendible que nuestro país, siendo uno de los principales productores mundiales de biodiesel, no cumpla desde hace más de 8 meses con los porcentajes legales de corte obligatorio” del 10%, estipulado en la Ley 26.093, afirmaron en un comunicado conjunto la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA).
Esas entidades, denunciaron que “el gobierno nacional, de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal, continua con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente para la actividad, en abierta violación de la ley, situación que lleva más de 11 meses”.
En este contexto, advierten, que “la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio fijado por el gobierno nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción. Esto implica que las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero) no trabajan desde hace más de 5 meses, acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal”.
Fuente: TN