Energía y desarrollo humano, cuya redacción fue liderada por Roberto Céspedes, quien en esta entrevista destaca algunos puntos centrales en cuanto a la necesaria modernización social y económica, que llegaría con cambios en las políticas públicas en el sector energético.
–¿Qué vinculación hay entre energía y desarrollo humano? Es decir, ¿cómo los procesos energéticos pueden mejorar la calidad de vida humana?
–El desarrollo humano es la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para vivir la vida que valoran. Educarse y ganarse la vida dignamente, optando por lo que valoran. Por eso, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en la salud, la educación y el bienestar. Es una ruptura con el PIB, centrado en el crecimiento de la economía, con miras al desarrollo humano donde importan las personas. La energía es imprescindible para la vida y es requisito para un mínimo bienestar de las personas. Los derechos de las personas, el crecimiento económico, el nivel de salud o de educación de un país sin energía no serían efectivos.
–El reciente documento del PNUD, ¿cómo podría aportar al país?
–Esta contribución al Paraguay, ya sea gobierno, sector privado, sociedad civil, academia y otros, ofrece un diagnóstico actualizado de determinadas áreas y presenta desafíos. Permitiría un diálogo informado y líneas de acción conducentes a una mejor vida, respondiendo a los desafíos planteados. Por ejemplo, hay propuestas para la economía, la sociedad y el sistema energético, todas orientadas a un desarrollo centrado en las personas, puesto que la verdadera riqueza de las naciones es la gente y la calidad de vida. Son 3 procesos con diferentes ritmos, como la transición económica, la social y la energética.
–El documento cita 3 transiciones, como la económica, social y energética, ¿cómo podemos mejorar estos aspectos?
–La transición económica plantea una mayor diversificación productiva y complejización económica que pasa por la industria y los servicios, sin menoscabo alguno de los avances existentes. La transición social propone una mayor y mejor inclusión social de sectores vulnerables, principalmente a través del empleo; así como consolidar una clase media y reducir la pobreza y la vulnerabilidad. La transición energética incluye el tránsito hacia una mayor producción y uso de energía limpia –no contaminante–, sostenible –que se pueda renovar y no se agote para las generaciones futuras–, asequible –que se pueda pagar– y para todos. Esto implica reducir los hidrocarburos porque son todos importados y contaminantes (energía no limpia). Así, se reduce la vulnerabilidad económica del país a factores externos, se mejora la salud de las personas y se favorece al planeta.
–¿Qué políticas públicas en el ámbito energético son necesarias para un cambio económico y social?
–Para la transición energética se incluye como eje-base la propuesta del desarrollo humano y las tres transiciones, donde se destacan la energía y la equidad, políticas sectoriales y políticas de Estado. La energía y equidad plantean la incorporación de conceptos orientadores para las políticas públicas, como la pobreza y vulnerabilidad energética vinculados a la equidad energética. Una política de lucha contra la pobreza energética hoy es la tarifa social aunque no con ese nombre. Así como existe una pobreza monetaria, también existen una pobreza y vulnerabilidad energéticas. La igualdad de género es un eje transversal de equidad que atraviesa todas las propuestas del informe. Las políticas sectoriales, de gran cobertura, comprenden mayor efectividad de la eficiencia energética, transición energética para las mipymes, la electromovilidad y el inicio del uso de nuevas fuentes energéticas y de continuidad de otras como pequeñas represas hidroeléctricas. Finalmente, las políticas de Estado, caracterizadas por su continuidad, indican desafíos de la necesidad de un Ministerio de Energía, la mayor implementación de la Política Nacional Energética 2040, transformar una forma de renta hidroeléctrica de la tarifa social en banco de desarrollo y mayor acción de políticas vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sustentable 7 (ODS 7, sobre energía) y la cuestión energética del Plan Nacional de Desarrollo 2030.
–¿Cómo se puede dar una mayor y mejor articulación entre actores civiles, empresarios y el Estado para impulsar cambios reales en el tema energético?, ¿faltan incentivos del Estado?
–La cuestión energética es una gran oportunidad para todos los actores. Una energía que llega a todos y es segura, es favorable para las personas, instituciones y las empresas. Así como se plantea la pobreza energética, también se registra la necesidad de inclusión de apoyo a la transición energética de las mipymes, considerando la cantidad de unidades productivas y empleo que representan. Asimismo, se plantea el desafío de la movilidad eléctrica en términos de producción de automóviles eléctricos y otros, considerando la región del Mercosur, Bolivia y Chile. Por supuesto que Estado y sector privado, y otros actores como la academia, deben dialogar y desarrollar líneas de acción.
–¿Por qué cree importante que exista una mayor diversidad en la matriz energética y cómo eso contribuirá al desarrollo? ¿Cómo explotar otras energías y qué beneficios traería?
–Las energías renovables no convencionales (Ernc) son necesarias, como la solar, y se necesita más estudios sobre la eólica. También mayor desarrollo de las pequeñas centrales (represas) hidroeléctricas (PCH). Es más, se presentan dos estudios de caso en el Chaco paraguayo, Bahía Negra y Pozo Hondo, donde propone combinar fuentes energéticas vigentes con nuevas, como la solar. Es una oportunidad de desarrollo social e inversiones económicas.
–¿Cómo se puede aprovechar del mejor modo la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú?
–Primero, el 2023 no es el único evento relevante en el país. En el 2030 se llega al final del trazado del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay al Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre energía. En el 2035 aproximadamente se usará plenamente la parte de la energía producida por Itaipú para Paraguay. Esto significa que las tendencias de consumo vigentes, en 2035 se agotará el recurso de Itaipú para el crecimiento de la demanda paraguaya. Así, se requieren otras centrales hidroeléctricas que hay que tomar la decisión e iniciarlas cuanto antes. El 2040 es el año cierre de la Política Energética Nacional 2013-2040, un importante instrumento que no se aprovecha suficientemente. Es un plan que el Paraguay dispone desde 2016. Un aspecto tratado es el mantenimiento de la tarifa del costo de la electricidad, ya en el 2023 de manera que el no pago de intereses y amortizaciones de la deuda se destine, previo acuerdo entre los dos países, a la creación de un banco de desarrollo en el caso del Paraguay. Esto es, una institución que se centre en la infraestructura y sus dividendos los oriente a salud y educación, donde la fortaleza institucional es una clave del éxito.
Fuente: Última Hora