“De manera incomprensible y poco coherente, el Ministerio de Trabajo impone una decisión drástica, sin escuchar siquiera al sector privado y sin considerar que esta medida radical e irreflexiva va a aportar al cierre o la quiebra de empresas que estaban empezando a recuperarse”, señaló el presidente de la CEPB, Luis Barbery.

Indicó que “ningún empresario se negó a pagar el aguinaldo”, sino que plantearon alternativas como el acceso a créditos blandos para cubrir esta obligación, ampliar el plazo o destinar parte de los recursos a la compra de productos nacionales, entre otras.

Fuente: Correo del Sur

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