Dicha disposición, no sólo vulnera derechos constitucionales y legales de las empresas integrantes de la cámara, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto, dado que se podría incurrir en un aumento tarifario a los usuarios, tal como habilita a las empresas amparadas en la normativa vigente.

El nuevo gravamen fue fijado por la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. El municipio decidió fijar el impuesto, bajo la denominación de “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” y “contribuciones que inciden sobre la construcción de obras particulares y obras realizadas por empresas nacionales y provinciales”, luego de haber ampliado el ejido urbano en 2019 al sólo efecto de alcanzar los proyectos renovables.

En tanto, vulnera derechos constitucionales y legales de nuestros asociados, tal como plantea el artículo 75, inc. 13 y ccs, de la Constitución Nacional; Art. 12, Ley 15.336, conf. Ley 24.065; “Fallos” 329:595, 307:613, 312:1870 y 322:2598.

La cuantificación de las tasas sobre el precio de la electricidad comercializada y sobre un volumen de electricidad arbitrariamente establecido – y no por superficie -, no guarda relación alguna con el costo de la prestación a cargo del municipio.

Estas imposiciones fiscales no hacen más que atentar con el cumplimiento de la Ley 27.191, aquella que obliga a alcanzar un 20% de energías limpias en la matriz eléctrica de generación hacia 2025, la cual establece que las fuentes de energía renovable no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales o municipales, a la cual la Provincia del Chubut adhirió mediante la ley provincial XVII N°95.

Además, esta arbitrariedad abre un camino de incertidumbre dado que el municipio modifica la carga fiscal anualmente, quitando todo grado de previsibilidad.

La Comisión Directiva de CADER, como cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de once años de antigüedad y más de 120 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país.

La ilegalidad manifiesta de los tributos que pretende imponer el Municipio de Madryn se traduce en una enorme carga para los proyectos renovables, obstruyendo gravemente la continuidad de los proyectos construidos, en construcción y en desarrollo, vía por la cual se comprueba su arbitrariedad y se demuestra el desconocimiento de derechos constitucionales.

Fuente: Energía Estratégica