Petroecuador prevé firmar en dos semanas el contrato con Hispana de Seguros por USD 54,8 millones para asegurar sus activos.
La adjudicación se hizo pese a las observaciones efectuadas al proceso por el Servicio de Contratación Pública (Sercop). Esa entidad presentó a finales de octubre pasado tres observaciones al proceso precontractual iniciado por Petroecuador para contratar su póliza de seguro. Estas tienen que ver con que la entidad contratante no desglosó ítem por ítem lo que se tenía que hacer en el contrato, no presentó justificativos para realizar el presupuesto referencial y no detalló las multas en caso de incumplimientos.

La firma estatal debía presentar sus justificaciones frente a esos tres temas antes de continuar con el proceso, pero el juez del cantón Pedro Carbo (Guayas), Hans Kelsen Jiménez, dictó medidas cautelares para dejar sin efecto el pedido del Sercop y permitir que Petroecuador siga adelante con el proceso.

La directora de esa institución, Silvana Vallejo, explicó que presentó hace siete días un pedido de revocatoria a esa decisión del Juez. La funcionaria señaló que las medidas dictadas por el Juez de Pedro Cargo impiden que el proceso de control, que por Ley debe realizar el Sercop, se pueda materializar. Además, dijo que se crea un mal precedente jurídico para que “en cualquier momento un ciudadano sin mucha justificación y sin fundamento detenga las acciones de control, no solo de Sercop sino de cualquier otro organismo”.

Vallejo cuestionó que el Juez haya aceptado el pedido de un ciudadano que no tiene relación con el proceso de contratación de los seguros y ni siquiera es contratante de Petroecuador. Las medidas están en contra de lo que dictamina la ley, “que es clara y expresa y manda a hacer las supervisiones del caso, en este caso del proceso de precontractual”.

Vallejo dijo que llama la atención las medidas hayan sido aceptadas por el juez de Pedro Carbo, pese a que el pedido no había motivación alguna y más cuando un Juez de Guayaquil rechazó un pedido similar que hizo otro ciudadano. Si el pedido de revocatoria de medidas cautelares no es aceptado, será la Contraloría la que determine las acciones civiles o penales frente a eventuales incumplimientos precontratactuales del proceso.

El organismo de control precisamente anunció que abrió el 12 de noviembre del 2020 una orden de trabajo al proceso de contratación del seguro petrolero de la empresa Petroecuador, análisis que tomará 40 días. No son las únicas observaciones al proceso. Sucre y Latina, que participaron en el concurso para la contratación del seguro petrolero, también presentaron medidas cautelares contra el proceso.

Las firmas aseguran que la estatal petrolera modificó sus ofertas públicas y las incrementó injustificadamente, cuando eran más bajas que la ganadora. Petroecuador ha señalado que la oferta ganadora, la de Hispana, era la más conveniente. Argumentó que los recálculos efectuados a las ofertas se hicieron para cumplir con recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Fuente: El Comercio